Peores salarios, menos derechos y más siniestralidad: los riesgos de la subcontratación

En un momento en el que los aspectos más lesivos para los trabajadores de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy se encuentran en proceso de negociación en el Congreso, encalladas para unos y en vías de acelerar para otros, el sindicato USO ha publicado este miércoles un informe en el que alerta de los riesgos asociados a uno de los puntos en cuestión: la subcontratación. Peores salarios, menos estabilidad en el empleo o una mayor siniestralidad laboral son algunos de los riesgos que la central asocia en su estudio, enfocado en el sector industrial, principalmente en los casos en los que esa externalizacion tiene por objeto reducir los costes laborales.

El sindicato no se muestra contrario a la subcontratación, ‘per se’, sino cuando esta obedece únicamente a criterios de abaratamiento de costes laborales. “Será buena siempre y cuando pueda contribuir a la productividad de la empresa mediante la especialización y mientras asegure unas buenas condiciones laborales para los trabajadores de empresa principal y para los de empresa subcontratada”, afirma USO en su informe.

USO constata en su informe que la subcontratación en la industria es un fenómeno al alza, sobre todo desde el estallido de la crisis. En 2015, el gasto de las empresas industriales en actividades subcontratadas ascendió a 37.323 millones, el 4,73% más respecto al año anterior, el 18,14% en relación al 2008 y el 49% más respecto al 2009. La central crítica al INE por dificultar los datos a partir del 2016, pero se aviene a afirmar que “de lo que sí estamos seguros es de que la subcontratación es un fenómeno que va en aumento, debido a las ventajas para las empresas.”

 

MENOS DERECHOS

 

El informe alerta de la inestabilidad laboral asociada a la subcontratación, ya que, en muchos casos, el perder la empresa subcontratista la licitación del servicio ello suele conllevar el despido de los trabajadores que hasta ese momento lo venían realizando. Algo que, según constata USO en su informe, “coarta la negociación colectiva y promueve una puja a la baja sobre los derechos de los trabajadores”. Un ejemplo reciente de ello son los 32 bomberos de seguridad privada que prestaban servicio contra incendios en la planta de Seat en Martorell (Barcelona) y que fueron cesados tras perder la empresa la prestación del servicio.

USO teme que el reciente ascenso de la temporalidad en el sector industrial, caracterizado en la historia reciente por la estabilidad en el empleo, pueda provocar un efecto sustitución y reconvertirse esa temporalidad en subcontratación. En este sentido y basándose en datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la central señala que desde el 2016 los asalariados con contrato temporal en la industria han superado 20% del total de empleados y no han bajado de ese porcentaje desde entonces.

Una mayor siniestralidad laboral es otro de los aspectos lesivos que promueve la externalización de actividades, según señala USO en su informe. Recogiendo los datos del sector industrial de la VI Encuesta Nacional de las Condiciones de Trabajo, el 20,4% de los trabajadores que habían sufrido algún accidente en los dos últimos años eran subcontratados, frente al 13,5% de la empresa principal.

 

CONTROL LEGAL Y MEDIANTE LOS CONVENIOS  

USO detecta en su estudio que en solo 14 de los 51 convenios analizados en la industria del metal hay un artículo que haga referencia a la obligación de la empresa a informar a las centrales con representación de las actividades subcontratadas. En este sentido aplauden la especificidad del convenio del metal de Tarragona, que establece que la empresa contratista estará obligada a informar con carácter previo al comité de empresa de cualquier subcontratación que se vaya a producir, o el de Gipuzkoa, que extiende ese derecho a los sindicatos de la compañía subcontratada.

Y es esa vía la que el sindicato insta a explorar tanto al Gobierno, legislando en consecuencia, como a las centrales mayoritarias, para que apreten en la negociación colectiva en ese sentido. USO propone que a las subcontratas se les aplique, como mínimo, el convenio del sector (uno de los puntos a debate en el Congreso). También que haya una obligatoriedad, siguiendo el ejemplo de Gipuzkoa, de informar a los representantes de los trabajadores de toda previsión de externalización y que se incorporen garantías de subrogación de los empleados que realizan los servicios subcontratados, en caso de que la licitación cambie de manos para preservar su estabilidad laboral.