La UE sella un pacto político para proteger a los denunciantes de fraudes

Muchos de los escándalos destapados en los últimos años, desde Luxleaks hasta los Papeles de Panamá pasando por el Dieselgate, no habrían salido a la luz de no ser por los denunciantes que un día asumieron el riesgo de hacer públicos irregularidades, casos de fraudes o de elusión de impuestos. Al filo de la pasada medianoche los negociadores del Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE han conseguido cerrar un acuerdo político provisional sobre una nueva normativa europea que garantizará una mayor y mejor protección a estas personas.

La nueva legislación, que todavía deberá ser aprobada por Consejo y Eurocámara, establece un sistema de cauces de denuncia seguros dentro de las propias organizaciones. Por ejemplo, los denunciantes deberán informar primero a nivel interno si la infracción que desean revelar puede tratarse de manera eficaz dentro de su propia empresa, siempre y cuando esa denuncia no les exponga a represalias. No obstante, podrán informar directamente a las autoridades competentes fuera de las empresas, tanto a nivel nacional como europeo, si lo consideran oportuno sin perder el derecho a la protección.

Además, si tras la denuncia a las autoridades no se toman las medidas oportunas o existe peligro inminente o manifiesto para el interés público, o cuando la denuncia a las autoridades no surta efecto porque las autoridades puedan estar en connivencia con el autor del delito, los denunciantes podrán divulgar la información también a los medios de comunicación. Eso significa que los denunciantes estarán también protegidos cuando actúen en calidad de fuentes de información en el ámbito de las investigaciones periodísticas.

Según el pacto al que han llegado los negociadores de los legisladores, las normas protegerán a los denunciantes frente a despidos, degradación y otras formas de represalia y también en procedimientos judiciales. También exigirán a las autoridades nacionales que informen a los ciudadanos sobre los procedimientos de denuncia de infracción y el tipo de protección al que pueden acogerse. La normativa será de aplicación para las administraciones locales y nacionales con más de 10.000 habitantes y todas las empresas de más de cincuenta empleados que deberán establecer canales internos de denuncia. Los Estados miembros también deberán designar una autoridad pública responsable de lidiar con este tipo de denuncias

 

“SISTEMA EQUILIBRADO”

La Comisión Europea, que presentó su propuesta de directiva en abril de 2018, ha celebrado el acuerdo al que han llegado para crear un “sistema equilibrado” que alentará a los empresarios a resolver los problemas a nivel interno pero que permitirá a los denunciantes externalizar el caso si se topara con problemas en su organización. Las nuevas normas, que establecen un mínimo común denominador para toda la UE en un ámbito en el que la protección está fragmentada y es desigual, abarcan una amplia variedad de delitos recogido en un anexo. 

Desde la lucha contra el blanqueo de capitales y la fiscalidad de las empresas hasta la protección de datos, la protección de los intereses financieros de la UE, la seguridad de los alimentos y los productos, la protección del medio ambiente y la seguridad nuclear. No obstante, los Estados miembros podrán ampliar ese listado y aplicar las mismas normas en otros ámbitos si quieren ser más ambiciosos, con la salvedad de las informaciones clasificadas y la seguridad del estado que quedarán excluidas del campo de acción. 

Actualmente solo diez Estados miembros –Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido- tienen un marco legal amplio de protección. En el resto esa protección es parcial o se aplica solo a determinadas categorías. “Debemos proteger a los denunciantes para que no sean penalizados, despedidos, degradados o demandados ante los tribunales por actuar correctamente en beneficio de la sociedad”, ha defendido el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que ha animado a los gobiernos europeos a establecer estructuras de protección basadas en los mismos principios . 

Desde la Eurocámara se han mostrado satisfechos con el resultado, que supone un gran paso adelante para evitar que los denunciantes terminen denunciados. “El caso de los denunciantes de Luxleaks mostró lo rápido que las personas incorrectas pueden terminar acusados en un tribunal”, ha recordado el eurodiputado de los Verdes, Sven Giegold, que ha subrayado la importancia de esta normativa y de no condicionar esta protección al uso de los canales de denuncia internas en las empresas.