INDUSTRIA
Los trabajadores de Alcoa presionan al Gobierno contra el cierre de las plantas
El Gobierno responde con la aprobación mañana de ayudas de 91 millones para compensar los costes de CO2. Los empleados se manifiestan frente al Congreso para exigir al Gobierno más ayudas para reducir el precio de la energía
Manifestación de trabajadores de Alcoa de Avilés y A Coruña ante el Ministerio de Industria por el conflicto laboral que afrontan.
Entre gritos de "Energía, solución" y "Alcoa no se cierra", varios cientos de trabajadores de la multinacional Alcoa se han manifestado esta mañana en las inmediaciones del Congreso de los Diputados para presionar al Gobierno y conseguir una solución para la empresa, en proceso de cierre de dos de sus plantas en Avilés (Asturias) y A Coruña, que deberá encontrar inversor antes del 30 de junio de 2019 para evitar la salida de casi 300 trabajadores.
El principal problema de la empresa es encontrar un inversor antes de tres meses, sin embargo, los elevados precios de la energía en España en comparación con países como Francia o Alemania hacen que los inversores puedan no tener interés en ellas, según los trabajadores. "Yo creo que no deberían aparecer inversores si se mantiene todo igual, al precio que está la electricidad es imposible que alguien se haga cargo de estas plantas", aseguraba uno de los trabajadores de San Cibrao, la única de las tres plantas de Alcoa en España que no tiene previsto cerrar.
Según la gran industria, la diferencia de precios de la electricidad entre España y Alemania y Francia es de aproximadamente 20 euros lo cual hace que las empresas en este país pierdan competitividad. Por ello, el Gobierno decidió sacar adelante un Estatuto de los Trabajadores Electrointensivo que ayude a estos consumidores "especiales" de electricidad. Sin embargo, las ayudas propuestas por el Gobierno –alrededor de 150 millones en total- son para la industria del todo "insuficientes" para abaratar precios pero el Gobierno se ampara en que en la situación actual de paro electoral poco más puede hacer.
Durante la manifestación, que comenzó pasadas las 11 de la mañana, se produjo un incidente aislado entre la policía y algunos de los manifestantes que culminó con una persona detenida. Además, de estas protestas, este jueves los comités de empresa de la planta gallega de A Coruña y de Asturias se han reunido con el Gobierno, representado por el secretario general de industria y pyme, Raül Blanco, así como con distintos partidos políticos -Cidadanos, Podemos, PSOE y Partido Popular y más tarde lo harán con Foro Asturias- para tratar de presionar a la Cámara. "La solución está clara, el Gobierno se comprometió en una solución para las dos plantas antes del mes de junio y sino el Gobierno estará incumpliendo como ocurrió con la reforma laboral", apuntó el secretario general de la federación de industria de CCOO, Agustín Martín.
EL GOBIERNO APROBARÁ MAÑANA 91 MILLONES DE AYUDAS
Por su parte, el Ejecutivo ha anunciado que este viernes el Consejo de Ministros aprobará ayudas de 91 millones para compensar los costes de CO2 de la gran industria, una cifra un poco más elevada de los previsto en el borrador del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos que fijaba la cantidad de 76 millones pero con la posibilidad de ampliarla hasta los 100 millones.
Según Industria, esta cifra es un 16,5% mayor que la de la última convocatoria de ayudas. No obstante, el secretario general de industria y pyme, Raül Blanco, aseguró tras la reunión con los representantes de los comités de empresa de las plantas de la multinacional en Avilés y A Coruña que si bien el Gobierno intentará aglutinar todas las alegaciones hechas al borrador del Estatuto de la Industria Electrointensiva, con la disolución de las costes, el Gobierno no puede realizar medidas fiscales o reforma legal alguna.
En este sentido, el secretario general de CC.OO, Unai Sordo, que interrumpió el consejo confederal de CC.OO que se celebraba en las proximidades del Congreso se acercó a la concentración para apoyar a los trabajadores de Alcoa y exigir al Ejecutivo "el cumplimiento de los acuerdo para garantizar la viabilidad de las plantas". "El Gobierno no puede ampararse en las elecciones", recordó Unai Sordo. Una opinión compartida por el secretario general de la federación sindical USO, Pedro Ayllón, que pidió al Gobierno y a los partidos políticos que no se olviden de un problema "que se debe resolver sí o sí".