Economía culmina la ley hipotecaria y pide a Europa que no sancione a España

El Gobierno ha completado por fin la incorporación a la normativa española de la directiva europea de contratos de crédito inmobiliario del 2014 que tenía que haber entrado en vigor como tarde en marzo del 2016. Tras la aprobación de las últimas normas pendientes, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha pedido a la Comisión Europea que retire la demanda que presentó contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que podría provocar una sanción de 100.000 euros por cada día de retraso.

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros y la Orden Ministerial que Calviño tiene previsto firmar esta tarden completan la ley de crédito inmobiliario a la que el Congreso dio luz verde el pasado febrero y que entrará plenamente en vigor en junio. "Las normas refuerzan la protección de los consumidores y establecen un marco de seguridad jurídica para los operadores", ha sostenido Economía en una nota. Con estas medidas, ha destacado, se ha finalizado la transposición de 10 de las 14 directivas que en junio del 2018 se encontraban pendientes de transponer en el ámbito del Ministerio.

El Real Decreto aprobado por el Ejecutivo, así, recoge entre otros aspectos los requisitos para la prestación de los servicios de asesoramiento; los requerimientos para la inscripción en el registro correspondiente de los prestamistas de crédito inmobiliario; las especificaciones y requisitos técnicos de los medios telemáticos que deberán emplearse para la remisión al notario de la documentación precontractual; o la información a facilitar a los clientes durante la vigencia del contrato, que deberá ser accesible para las personas con discapacidad.

La Orden Ministerial, por su parte, regula aspectos como la extensión de las reglas de publicidad de la actividad bancaria a prestamistas e intermediarios de crédito inmobiliario; las Fichas de Información Precontractual y de Advertencias Estandarizadas que han de entregarse a los clientes; los términos de la información de los préstamos en moneda extranjera; y los requisitos mínimos de conocimientos y competencia exigibles al personal y directivos de prestamistas inmobiliarios (incluidas las entidades de crédito) e intermediarios. Asimismo, en la norma se han incorporado medidas para mantener la protección de los titulares de hipotecas inversas, que se podría haber visto afectado por los cambios introducidos en la regulación inmobiliaria por la nueva normativa.