El Banco de España alerta a la banca del riesgo de una nueva ola de demandas por el IRPH

Los riesgos para la estabilidad del sistema financiero español se han incrementado en los últimos seis meses como consecuencia principalmente de la desaceleración económica mundial, aunque también de la "incertidumbre" sobre el curso futuro de la política económica del país. Pero además de a estos factores generales, los bancos españoles se enfrentan a un "riesgo específico": el potencial incremento de las demandas judiciales. Así se lo ha advertido este martes el Banco de España al sector en su informe de estabilidad financiera, en el que por primera vez incluye el riesgo legal como uno de los tres más relevantes para las entidades.

El supervisor ha destacado que existen todavía procedimientos judiciales "muy relevantes" pendientes de resolución. Se refiere en particular al IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene que pronunciarse sobre el mismo, probablemente en la segunda parte del año, a raíz de que un juez de Barcelona le consultase después de que el Tribunal Supremo avalase el índice. La Comisión Europea ya se ha posicionado a favor de los clientes y en contra del criterio del alto tribunal español y el abogado general del TJUE, una especie de asesor legal de sus magistrados, se pronunciará el 24 de junio.

IMPACTO MILLONARIO

El Banco de España ha advertido a la banca de que la sentencia del tribunal comunitario podría producir un aumento de las demandas, particularmente para las instituciones con más hipotecas referenciadas al IRPH, "lo que exige de estas entidades una apropiada medición del posible impacto contingente y medidas de gestión y prevención adecuadas". La experiencia de las cláusulas suelo, ha destacado, indica que estos procesos legales provocan una "complejidad y extensión temporal significativos, así como un impacto material sobre el beneficio de las entidades".

La institución gobernada por Pablo Hernández de Cos, así, ha recordado que la decisión del TJUE a favor de los clientes sobre las cláusulas suelo obligó a las entidades a reservar 1.900 millones de euros en el 2016 para indemnizaciones y que los afectados ya han recuperado 2.200 millones de euros hasta enero del 2019. "Es importante que las entidades estimen adecuadamente el riesgo legal que puede implicar un potencial aumento de la litigiosidad con la clientela", les ha demandado, además de reclamarles un esfuerzo para revertir su "pérdida de reputación".

Según estimaciones de Goldman Sachs, una nueva sentencia desfavorable de la justicia europea obligaría al sector financiero a reintegrar entre 7.000 y 44.000 millones a en torno a medio millón de hipotecados, una estimaciones que el Banco de España no ha querido valorar. Entre el 2014 y el 2017, las entidades tuvieron que hacer provisiones por valor de 8.410 millones de euros para hacer frente a gastos legales y litgios fiscales.

INCERTIDUMBRE E INDEFINICIÓN

El informe, por otra parte, alerta de que la intensificación de la ralentización económica global (y en particular europea y china), junto con la mayor incertidumbre geopolítica por los conflictos comerciales, puede desatar un aumento de las primas de riesgo que hunda las valoraciones de las bolsas y de la deuda privada y pública, lo que endurecería las condiciones de financiación y reduciría la riqueza de hogares y empresas, que responderían disminuyendo su gasto e inversión. China, destaca, se está resintiendo de su pugna con Estados Unidos, las tensiones han vuelto a Turquía y Argentina, hay dudas sobre la situación fiscal de Italia, y Alemania ha sufrido una desaceleración "significativa".

Además de a estos riesgos externos, España se enfrenta a otros internos, como la "indefinición sobre la senda de la política fiscal, tanto en el corto como en el medio plazo y, en general, sobre la orientación futura de la política económica". Todo un recado para el Gobierno que se ha de formar. En particular, señala que persisten una deuda con el exterior equivalente al 67% del PIB, segmentos de los hogares en una situación de "mayor fragilidad" por su alto endeudamiento, una tasa de ahorro de las familias muy reducida, y también empresas en situación "más vulnerable", sobre todo las más pequeñas que operan en el sector inmobiliario y de la construcción, donde los precios están "cercanos al equilibrio" en relación con su tendencia a medio plazo. En cambio, la situación política de Cataluña ha dejado de aparecer como un riesgo, al contrario que hace seis meses.

PRESIÓN ADICIONAL

En un contexto de ingresos reducidos por los tipos bajos, añade el Banco de España, los bancos se van a ver sometidos a una "presión adicional" por la desaceleración. Las entidades ganaron 19.438 millones el año pasado, un 24,8% más que en el 2017, pero sobre todo gracias a la bajada de la morosidad y las consiguientes menores provisiones para hacer frente a pérdidas futuras (-16%), así como a los resultados extraordinarios. El sector sigue teniendo que "mejorar" sus niveles de rentabilidad (ha subido del 6% al 7,2% pero sigue por debajo del 10% de coste de capital) y solvencia (11,8%, de los más bajos de Europa).

El Banco de España ha advertido al sector de que su política de pagar en torno al 50% del resultado en dividendos podría impedirle absorber pérdidas si se materializan los riesgos señalados en su informe. "Esperamos que los bancos unan los puntos", han destacado fuentes del supervisor, insinuando que el sector debería replantearse su política de retribución a los accionistas. También ha destacado que aunque el crédito al consumo se ha ralentizado, lo seguirá sometiendo a un "seguimiento estrecho", como también a los préstamos del mercado inmobiliario. Además, ha reclamado a las entidades que sigan diversificando sus fuentes de ingresos y reduciendo "racionalmente" sus costes para ganar rentabilidad y solvencia.