El Gobierno ve difícil derogar la reforma laboral en la nueva legislatura
La ministra de Economía cree que «es poco productivo deshacer o revertir las reformas».
j. m. camarero | madrid
La política económica del Gobierno que echará a andar previsiblemente en julio -cuando está prevista la investidura del presidente Pedro Sánchez- no se llevará por delante la reforma laboral que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el peor momento de la crisis, en 2013. Habrá retoques parciales de la legislación, pero no un borrón y cuenta nueva de esa ley, a pesar de las críticas acumuladas en los partidos de la oposición en los últimos años. Así lo aclaró ayer la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien considera que «es poco productivo deshacer, revertir o reformar las reformas» realizadas hasta ahora.
Las palabras de Calviño siguen la línea que ya había marcado Pedro Sánchez en los últimos meses cuando matizaba la idea de modificar algunos aspectos de la ley y centrarse más en una reforma integral del Estatuto de los Trabajadores. La titular en funciones ha emplazado a no «dedicar la energía a estar constantemente volviendo atrás o a considerar lo que se ha hecho» y ha apostado por empezar a trabajar ya en una norma laboral «del siglo XXI». Lo hizo en un encuentro informativo de la Apie, donde recordó que la actividad económica está sufriendo una transformación «extraordinariamente intensa» en todas las vertientes y defiende «adaptar el marco a la nueva realidad».
A lo que no va a renunciar el Ejecutivo es a modificar algunos de los aspectos más lesivos incluidos en la reforma laboral del PP. Pero aún no ha aclarado cuáles. «Es prematuro pronunciarse» en este sentido, cuando «aún no hay Gobierno» constituido, aclaró la ministra.
Exigencia sindical
La previsión del Gobierno contrasta con las peticiones de los sindicatos, que insisten en acabar con la reforma laboral implantada hace seis años. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pidió ayer al Ejecutivo que recupere con urgencia, vía decreto, las causas objetivas del despido y la autorización administrativa previa que desapareció con esa reforma laboral. Y afirmó que hay que «ponerse manos a la obra» y derogar los aspectos más lesivos de la norma: recuperar la ultraactividad en la negociación colectiva y dar prevalencia al convenio sectorial sobre el de empresa, como paso previo al nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Una vez transcurridos cinco meses desde que se implantó la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros, la ministra Calviño insiste en que no ha tenido un «efecto negativo» en el empleo y sí positivo sobre la renta disponible de las familias. En todo caso, siguió apelando a la «prudencia» y dijo que «no correría con respecto a qué hay que hacer en el futuro» sobre posibles subidas que se puedan plantear en el futuro.
Calviño insistió que el nuevo Gobierno trabajará en los ejes de disciplina fiscal, políticas sociales y reformas, que son los que ha desarrollado en los últimos nueve meses de la anterior legislatura. Y defiende que esa línea es la que les ha llevado a generar más confianza en los mercados internacionales para financiar la deuda. De hecho, España ha ahorrado desde principios de año unos 300 millones de euros en intereses de deuda pública gracias al recorte en las emisiones previstas y a la rebaja en los intereses que los inversores le exigen al Tesoro para financiarle. La prima de riesgo cerró este jueves en los 93 puntos básicos, tras caer otro 3,3% con el rendimiento del bono a 10 años en el 0,76%, lo que supone prácticamente uno de sus mínimos históricos.