La Airef denuncia que «no se sabe» el gasto real para fomentar el empleo
El órgano fiscalizador estima hasta 6.500 millones anuales pero con «baja eficacia» y sin «trazabilidad».
Oficina del Servicio Público de Empleo de Castilla y León en la capital leonesa. JESÚS F. SALVADORES
j. a. bravo | madrid
Uno de cada cinco parados lleva más de cuatro años buscando un puesto de trabajo sin éxito -cerca de 665.250 según Asempleo, la patronal de las empresas de trabajo temporal (ETT), conforme a datos del INE-, mientras que uno de cada tres desempleados registrados en los servicios públicos no recibe ninguna prestación del Estado (pese a trabajar antes). Bajo esta realidad el reparto del presupuesto para las llamadas políticas activas de empleo cobra una importancia clave.
Pese a ello, la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) denunció ayer que «no se puede saber exactamente cuánto nos gastamos» en ellas. Sí hace, no obstante, un cálculo estimativo con datos de 2017 (el último ejercicio con una ejecución presupuestaria definitiva) para apuntar una horquilla anual de entre 6.100 y 6.500 millones.
Aunque el grueso de la dotación corresponde al Estado -2.126 millones en los Presupuestos de 2018, prorrogados para este año-, hay que sumar los fondos aportados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En un informe muy crítico con la gestión de estos recursos y la «insuficiencia» de los datos suministrados por las administraciones implicadas, el órgano fiscalizador que preside José Luis Escrivá considera «básica la dimensión local en las buenas prácticas internacionales» -de las que España, censura, está «alejada» en la contabilización de los recursos para el empleo- y propone «una estrategia que involucre más a esos agentes».
No obstante, y pese a la «calidad mejorable» de la información -se advierte en el informe-, los responsables de la Airef ven más un problema de «asignación ineficaz de los recursos» en las actuaciones financiadas que un posible descontrol del gasto. Aunque esto último -admiten- puede deberse a que «no ha sido posible la evaluación completa» de esas políticas activas a nivel autonómico, tan solo en parte en Aragón y en el extinto plan estatal denominado Programa de Recualificación Profesional (Prepara), del que señala que en realidad «no ha mejorado la probabilidad de incorporarse al mercado laboral» de sus participantes (850.000 beneficiarios en seis años), «fundamentalmente» durante los seis meses que dura el cobro de la prestación.
De esta manera, a juicio de la autoridad fiscal estaríamos ante un subsidio más -al que destinaron 1.432 millones entre 2012 y 2017- y no serviría para el objetivo para el que fue creado el Prepara -sustituido luego por el Programa de Activación para el Empleo (PAE)-, esto es, impulsar la recolocación de los parados de larga duración. Por todo ello, desde la Airef se aconseja ligar los incentivos económicos en materia de empleo directamente a la consecución de objetivos.
En cuanto al presupuesto destinado a la formación, lo considera un sistema «cuestionable» tras detectar una «escasa vinculación» entre los cursos recibidos y las necesidades del mercado laboral. Por eso pide que se definan nuevos perfiles en función de lo que demanden las empresas. Y reprocha, además, que «la trazabilidad del gasto es insuficiente para poder conocer los flujos de principio a fin», presentando «claras deficiencias».