El juez pide 300.000 euros o cárcel para el exjefe de seguridad del BBVA
Julio Corrochano, investigado en el caso Villarejo, tiene 15 días para ingresar la fianza.
Julio Corrochano llega a la Audiencia Nacional. EFE
J. A. BRAVO | madrid
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el llamado caso Villarejo sobre presuntos espionajes que podrían haber sido ordenados desde el banco BBVA, decretó este viernes la libertad bajo fianza de 300.000 euros para el que fuera director de Seguridad del grupo financiero durante buena parte de la presidencia de Francisco González, Julio Corrochano. No obstante, este ex alto cargo del banco dispone de 15 días para cubrir dicha suma o, de lo contrario, se ordenará su ingreso en prisión.
La petición fue realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que considera a Corrochano pieza clave en esta supuesta trama por ser quien contrató directamente los servicios del polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo, presuntamente para realizar escuchas y seguimientos a diferentes personas -los investigadores creen que se pudieron monitorizar más de 15.000 llamadas obtenidas de bases de datos policiales- con el fin de captar información reservada, según las conclusiones preliminares de la Brigada de Policía Judicial. Precisamente Corrochano llegó a ser comisario general de ese departamento antes de pasar luego a la empresa privada.
Este viernes, sin embargo, optó por acogerse a su derecho a no declarar, la misma estrategia seguida por la mayoría de investigados vinculados al BBVA que comparecieron entre el jueves y el viernes ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid. Entre ellos delitos imputados figuran los de cohecho pasivo (en este caso podrían ser pagos a funcionarios policiales), corrupción entre particulares, revelación de secretos y vulneración de la intimidad, dejando por ahora en un segundo plano la posibilidad los delitos societarios por uso indebido de fondos procedentes de la entidad bancaria. La falta de declaraciones de Corrochano es especialmente temida por la Fiscalía, que teme que pueda entorpecer la investigación e incluso destruir posibles pruebas. Por eso solicitaron varias medidas cautelares que el juez instructor ha terminado aceptando. De esta forma, si llega a abonar el dinero de la fianza, se le retirará el pasaporte y se le prohibirá viajar al extranjero, además de que tendrá que personarse una vez al mes en el juzgado que esté más cercano a su domicilio.
Estrategia de defensa
Su sucesora al frente de los servicios de Seguridad del BBVA, Inés Ochagavía, y otro de los responsables de ese departamento, Nazario Campo, también rehusaron ayer contestar a las preguntas del juez y el Ministerio Público alegando desconocer los detalles del sumario que les atañen. Ambos, al igual que Corrochano y los otros investigados -el exdirector de Finanzas y el actual director de Banca Comercial-, siguen una estrategia de defensa común fijada por el bufete Garrigues, contratado para los servicios legales del BBVA dentro de la póliza que cubre a sus empleados actuales o pasados. La única persona del banco citada que por ahora ha declarado es Antonio Béjar, exjefe del área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias. Lo hizo el jueves para contar que la empresa de Villarejo localizaba personas o empresas morosas.