La Fiscalía pedirá investigar al BBVA por el presunto espionaje de Villarejo
Anticorrupción ve elementos para depurar si la entidad tiene responsabilidad jurídica.
Dos responsables de BBVA, Ángel Cano y Ricardo Gómez, acuden a la Audiencia Nacional. ZIPI
J. A. Bravo | MADRID
La Fiscalía Anticorrupción considera llegada la hora de que BBVA, en calidad de persona jurídica, también sea investigada penalmente por el llamado ‘caso Villarejo’ sobre presuntos espionajes que podrían haber sido ordenados desde la propia entidad en años precedentes. Sin embargo, por motivos de «estrategia procesal», aún se inclinan por esperar un poco más antes de pedir la misma condición jurídica -figura que antes se conocía como imputado- para el anterior presidente del banco, Francisco González, si bien lo hará con seguridad.
Fuentes jurídicas, no obstante, matizaron que ello no prejuzga la responsabilidad penal que pudiera tener BBVA como empresa. Aunque los fiscales encargados de esta causa, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, sí disponen por ahora de indicios para estimar que el papel del banco en los hechos investigados pudo no haber sido neutro y, por lo tanto, resulta necesario depurar cuál fue realmente su actuación al respecto y el grado de conocimiento que pudieron tener sus altos responsables.
Según consta en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón -una pieza separada de la ‘operación Tandem’ cuyas diligencias están bajo secreto-, el comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo empezó a realizar una serie de trabajos reservados para BBVA en 2004 y se prolongaron hasta 2017, por los que habría cobrado en total cerca de diez millones de euros. Los servicios los prestó la firma Cenyt, junto a otros socios, y se cree que pudo contar con la colaboración remunerada de miembros de la Policía.
Por eso, entre los delitos que se investigan figuran el cohecho pasivo, la corrupción entre particulares y la vulneración de la intimidad. En un segundo plano, pendiente de profundización, quedarían presuntos delitos societarios por uso indebido de fondos del propio banco.
Los representantes del Ministerio Público se apoyan en el artículo 31 bis del Código Penal, y estiman que hay elementos a priori para sospechar que se habrían realizado dos clases de delitos que determinarían la responsabilidad jurídica de BBVA.
La principal línea argumental que sigue la Fiscalía -y, con ella, el juez instructor- es que habría sido el propio Francisco González quien directamente, o probablemente a través de terceros como el entonces jefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano-, ordenó contratar los servicios de Villarejo para realizar los trabajos «delicados» que se pretendían, como serían escuchas ilegales a 15.000 personas aprovechando las bases de datos policiales que controlaba el excomisario.