La OCDE da el pistoletazo de salida a una ‘tasa Google’ mundial en 2020

Edurne Martínez

España, de la mano del exministro de hacienda Cristóbal Montoro, intentó ser pionera en la aplicación de la denominada ‘tasa Google’, el impuesto que tendrán que pagar las multinacionales tecnológicas por prestar sus servicios.

Más aún, la actual titular de la cartera, María Jesús Montero, retomó la idea en su plan de Presupuestos de 2019, que finalmente no vieron la luz. La nueva tasa no se tramitó en el Congreso y su plan de recaudar 1.200 millones en un año —rebajado a un máximo de 968 millones por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)—, se quedó en nada.

Con todo, uno de los argumentos de los detractores del impuesto es que la imposición del mismo en cada país puede generar diferencias competitivas para que estas grandes empresas desarrollen su actividad en unos en vez de en otros.

Por eso, la UE iba a aprobar un impuesto propio, pero finalmente dejó que la decisión se adoptara en el seno de la OCDE, organización que integra a 34 países. Y a finales de mayo aprobaron un documento con el objetivo fijado de acordar una solución fiscal común para gravar a los servicios tecnológicos antes de que acabe 2020. Este documento fue presentado esta semana por el secretario general Ángel Gurría en la reunión de los ministros de Finanzas del G20 que se celebra en Japón.

Y lo respaldaron. La iniciativa «justa, sostenible y moderna», que pretende acabar con la clásica tributación de las empresas en función de dónde tengan su sede física y evitar la «competencia fiscal» entre países, estará lista en 2020.

Así, los representantes de los veinte países más industrializados, entre los que se encontraba la ministra española Nadia Calviño, se marcaron el objetivo de definir una reforma fiscal común para el año que viene.

El principio aplicado desde hace más de un siglo está, en oponicón de los gobiernos de los países más desarrollados, obsoleto en la era digital, ya que supone que los gigantes de Internet puedan elegir como sede fiscal territorios con baja carga impositiva pese a que operen mayoritariamente en otros. Por tanto, el acuerdo aprobado por el G20 incide en que la presión fiscal se decida según la «presencia económica significativa» de las empresas en cada país, el volumen de datos o el número de usuarios.

Sin tipo impositivo concreto

Lo que no se ha establecido es el tipo por el que tributarán estas empresas. En España, el plan era gravar con un 3% los servicios de publicidad ‘online’ y la venta de datos.

Los demás países están a la espera de la llegada del impuesto a nivel internacional. Aunque Francia y Reino Unido ya aplican políticas fiscales de este tipo, tienen previsto retirarlas cuando se acuerde el marco multilateral. Sin embargo, otros representantes de la Comisión Europea, como Irlanda y Luxemburgo, no son de la misma opinión, en tanto que son sedes en la Unión Europea de las multinacionales Amazon y Facebook.