España necesita quintuplicar los inmigrantes para pagar la jubilación
j. a. bravo | madrid
El problema creciente de la sostenibilidad del sistema de pensiones español, cuyo gasto el año pasado ya se ‘comía’ el 12,1% del Producto Interior Bruto (PIB), tiene muchas aristas y para resolverlo difícilmente bastaría con actuar en un solo campo. Los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo no fueron capaces de consensuar una reforma tras más de un año y medio de trabajos la legislatura pasada, y el nuevo Ejecutivo deberá tener esa asignatura pendiente como prioridad.
La Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) estima que para seguir pagando las pensiones sin sufrir recortes importantes, dado el creciente envejecimiento poblacional, España precisará contar con diez millones más de habitantes en 2050. Asimismo, debería alcanzar una tasa de empleo similar a la de Alemania, es decir, elevarla del 64,5% actual (según la última Encuesta de Población Activa, al cierre del primer semestre) al menos hasta el 70%. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera —en su previsión intermedia sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones español— que dentro de esos 32 años sería necesario contar con un mínimo de 5,5 millones de inmigrantes adicionales y una tasa de empleo que no bajase del 79% (15 puntos más que ahora).
También haría falta elevar la contribución efectiva por cotizaciones sociales al 27,3% de los costes laborales (seis puntos más), pese a las más que previsibles protestas de empresas y trabajadores, además de ampliar el tope de contribución de los salarios mínimos. Pero, ¿qué pasaría si el análisis se centrase en el papel de la inmigración y la llamada ratio de dependencia cuasi económica (la proporción entre las personas de 66 años o más -esto es, jubilados- y la población de entre 16 y 65 años), una variable que los expertos ven fundamental para el equilibrio de los sistemas de pensiones basados en el principio de reparto, como el español? Pues, según recoge en un estudio Carmen Ródenas, profesora de Análisis Económico de la Universidad de Alicante, que sus requerimientos de población extranjera para sostener a los mayores de 65 años «no bajarían de más de 34 millones de aquí a 2050».
Envejecimiento retardado
Es su conclusión tras analizar las estimaciones que a ese respecto han hecho dos organismos nacionales de peso, como la citada AIReF y el Instituto Nacional de Estadística (INE), y otros tantos internacionales, casos de la ONU con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNPD) y Eurostat, la agencia estadística europea. Los cuatro estiman que en ese horizonte los inmigrantes deberían suponer entre el 43,4% y el 47,1% del total de residentes en España, según las proyecciones de población de cada uno. Y eso que el país tampoco tiene una de las ratios de dependendencia más elevadas de la UE, pero se prevé que para 2050 prácticamente haya doblado su valor respecto a 2016. Una mayor esperanza de vida, unas tasas de fecundidad más bajas que otros países desarrollados (apenas 1,3 hijos por mujer) debido tanto a la incorporación tardía de la mujer al mercado laboral como a la falta de medidas suficientes de conciliación, y un «retardo en el proceso de envejecimiento respecto a otros países industrializados», son los tres elementos que explican que el proceso de envejecimiento «sea comparativamente más intenso en España» en las tres próximas décadas.
El INE estima que para 2050 la población de 66 años o más pasará del 18,1% de 2018 al 30,9%. Y la ya «preocupante» relación de dependencia cuasi laboral de 27,5 mayores de 65 años por cada 100 personas de entre 16 y 65 años se doblaría hasta 55,1 mayores. Se pasaría de haber una persona de más de 65 años por cada 3,9 individuos en edad laboral, a una frente a solo 1,9 en disposición de trabajar.