Los sindicatos no lo ven posible
Los sindicatos no lo ven posible. «Si no hay gobierno, este año difícilmente van a poder subirse las pensiones con el IPC e iremos si nadie lo remedia al 0,25%», advierte Pepe Alvarez, secretario general de UGT, aunque tampoco descarta que el Ejecutivo «invente» alguna argucia jurídica para poder hacerlo. Fuentes gubernamentales mantienen el discurso de que «ahora no se está trabajando en ese escenario», pero sí dejan claro que siempre han defendido una revalorización en función del IPC real y así lo recogen también en las 370 medidas presentadas esta semana por el PSOE. Por eso, dejan claro que su «voluntad es evitar en la medida de lo posible» ese 0,25% en enero, ya que la opción de que se actualizaran el año que viene con efecto retroactivo es «la peor solución», pues se obliga a los pensionistas a adelantarlo. Así, desde el Ministerio de Trabajo dejan caer que intentarán elaborar un real decreto en el que «argumenten muy bien» los dos elementos necesarios para poder llevarlo a cabo: que obedezca al interés general y sea de urgente necesidad, algo que consideran puede encuadrarse la subida de las pensiones, aunque aún no saben si utilizarían para ello el IPC de noviembre o la media de los últimos doce meses. Además, son conscientes de que «es difícil» que lo impugne ningún partido, por la impopularidad que le acarrearía. Más prudente se mostró esta misma semana la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien dijo que para subir las pensiones «hay que tener presupuestos».
La legalidad de este procedimiento lo ven cuando menos «discutible» desde CC OO. «La utilización de un Real Decreto por un gobierno que no ha sido investido y con unas Cortes que se han vuelto a disolver es una situación kafkiana», sostiene Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato, aunque sí está de acuerdo en que «seguramente nadie lo impugnaría».