Los jubilados cobran una pensión un 28% superior a lo que cotizaron

Las pensiones españolas son un problema. En realidad, son «varios problemas». Así lo asegura el Instituto de Actuarios Españoles (un actuario es el profesional que analiza situaciones en base a los datos recolectados para crear modelos matemáticos y ofrecer propuestas financieras) en un reciente informe en el que analiza minuciosamente la situación actual y las perspectivas futuras de la Seguridad Social. Y son un problema «porque no son ni financiera ni actuarialmente sostenibles», apuntan. La falta de sostenibilidad financiera proviene de que no ingresamos lo suficiente para lo que gastamos, y por eso desde el año 2012 la Seguridad Social arrastra un déficit de unos 18.000 millones y una deuda que ya supera los 55.000 millones. Esto es algo de lo que se habla constantemente y por ello uno de los grandes retos pendientes es cómo conseguir aumentar esos ingresos, y más cuando los gastos siguen disparados, y seguirán haciéndolo por el elevado envejecimiento de la población.

Pero de lo que apenas se habla es del otro gran problema del sistema: que carece de la equidad más importante, que es la equidad actuarial. Para que se dé, el pensionista tendría que recibir como pensión aquello que cotizó como trabajador más una rentabilidad derivada del crecimiento económico. Así fue como se calcularon en un inicio la mayoría de los sistemas de pensiones desarrollados, con bases actuariales que calculaban cuáles tenían que ser los parámetros del sistema (años necesarios para generar pensión total o parcial, bases reguladoras en el cálculo, edad de jubilación, etc.) coherentes con este objetivo. Pero con el paso de los años este principio actuarial se ha perdido. Concretamente, en la actualidad cada euro de pensión de jubilación tiene un coste de un euro con 28 céntimos; es decir, que un jubilado recibe 28 céntimos más por cada euro cotizado, o lo que es lo mismo, cobra una pensión un 28% superior a la que debería. Esta diferencia genera un desequilibrio equivalente al 44% del PIB, según sostiene el informe, que considera que se trata del «verdadero agujero de las pensiones que hay que tapar». Y esta cifra seguirá en aumento si tal y como parece las prestaciones se revalorizan de nuevo en función del IPC y no el 0,25% que establecía la reforma de 2013.

Rentabilidad

Otra forma en la que demuestran esa inequidad es tratando las pensiones (cotizaciones y prestaciones) como si fueran un producto financiero para comprobar la rentabilidad que tienen. En el caso de España, teniendo en cuenta que esta rentabilidad debería alinearse con el crecimiento estructural de la economía, se situaría aproximadamente en el 3%, aunque se puede afirmar que, a la vista de la desaceleración, actualmente el límite estará más cerca del 2% que del 3%. Sin embargo, la rentabilidad de las pensiones más comunes (es decir, las del Régimen General) se sitúa en torno al 4,4%, lo que significa que es un 46% más elevada de lo que debería ser. Por tanto, «un 46% de la generosidad del sistema de pensiones no está justificado por la capacidad estructural que la economía tiene de financiarlas», estiman los actuarios.

Y éste es otro de los problemas del sistema: que las pensiones son muy generosas en términos relativos, algo que —advierten— «será muy difícil, sino imposible, de mantener en el tiempo». Así, España cuenta con la tasa de sustitución (que compara la primera pensión promedio de jubilación con el último salario promedio) más alta de toda Europa al situarse en el 78,7%, lo que supone una amplia diferencia de más de 30 puntos porcentuales con la media de la UE, que es del 45,1%.