La cúpula de BBVA se desliga de los trabajos de espía encargados a Villarejo
La dirección de BBVA ha querido poner tierra de por medio entre sus actuales directivos, liderados por el presidente del grupo, Carlos Torres, y su predecesor, Francisco González, en torno a los contratos con la empresa de seguridad Cenyt, vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, sobre el presunto espionaje a empresarios, políticos y periodistas de forma masiva durante 14 años.
En su informe de gobierno corporativo BBVA indica que del forensic que el banco ha elaborado se deriva que «no hay ningún tipo de implicación de ninguno de los actuales miembros del consejo de administración» de la entidad «ni del actual presidente», añade, «ni se ha comprobado la comisión de actividades delictivas por parte del banco».
En ese documento, BBVA expone una parte de lo que está siendo su estrategia de defensa (se encuentra en situación de investigado como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción), exculpándose de las supuestas prácticas ilegales con Villarejo. En su declaración a finales de noviembre de 2019, el representante de la entidad, Adolfo Fraguas, defendió «la inexistencia de responsabilidad penal alguna» e insistió en que «la responsabilidad penal de las personas jurídicas sólo es exigible legalmente desde el año 2010», cuando los hechos investigados parten en 2004.
El banco insiste en ese informe que el caso Villarejo no ha tenido impacto en el desarrollo de los negocios de la entidad, ni ha deteriorado sus índices de reputación, que son objeto de un seguimiento recurrente. A renglón seguido, BBVA admite que «no es posible predecir en este momento su ámbito o duración ni todos sus posibles resultados o implicaciones» incluyendo, por ejemplo, multas.