Agricultura reformará la ley para endurecer y publicar las sanciones

El Gobierno y las principales organizaciones agrarias parecen haber alcanzado un principio de consenso para reformar a corto plazo la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. De esta forma, el sector podría satisfacer parte de sus demandas a la espera de ver cómo traspone España la Directiva Europea 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, lograría así apaciguar sus ánimos de cara a una adaptación «más escalonada» de la nueva normativa comunitaria, que obligará a modificar hasta 32 artículos de la ley nacional y «requiere de más debate».

Su idea es hacer esos primeros cambios legales «antes de que concluya este mes». Las asociaciones del sector esperan incluso que pudieran presentarse en el Consejo de Ministros este martes, tras realizar el ministerio varias consultas antes, entre otros a la Abogacía del Estado. En paralelo, Planas y su equipo trabajan en otras cuestiones como potenciar el cooperativismo y las interprofesionales —la fruta de hueso, de las más afectadas por la caída de precios, no tiene ninguna—, aumentar las dotaciones para seguros —aunque para su materialización habría que esperar a unos nuevos Presupuestos del Estado— y comenzar la actualización de los estudios sobre precios y márgenes en la cadena de valor, que no se ponen al día desde 2013-2014.

TRABAJO A TODA PRISA

La prioridad ahora es vigilar mejor las posibles irregularidades en la cadena alimentaria, castigarlas más e incluso prevenirlas. Para eso, tras los primeros encuentros con técnicos de las organizaciones agrarias, en el ministerio han trabajado en una reforma casi exprés.

El primer punto sería apartar la comercialización de alimentos y productos alimenticios del concepto de venta a pérdidas, que seguiría regulado por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Ésta se actualizó a finales de 2018 para cumplir con una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que restringía su veto a las operaciones «engañosas» para el consumidor, «denigratorias» de la competencia o bien «predatorias» para «eliminar» a ésta del mercado».

A partir de ahí, se introduciría en la Ley 12/2013 el concepto de «destrucción de valor en la cadena alimentaria», del que quedarían fuera los consumidores porque solo afectaría a las relaciones comerciales entre los operadores de los distintos eslabones: productores, comerciantes en origen, industria transformadora, mayoristas y minoristas.

Los agricultores defienden que es «diferente» a la venta a pérdidas y, por eso, lograrían que la reforma legal no fuera anulada luego por la justicia (a raíz de la sentencia europea de 2017), e incluso arguyen que «se evita duplicidad de regulaciones, controles y sanciones».

Lo que se castigaría ahora, dentro de la cadena, es a cualquier operador —ya no solo al minorista— que «revenda u oferte un alimento, o producto alimenticio, a un precio inferior al de adquisición» o, si aquel «ha sido manipulado y/o transformado por el propio vendedor», al que hubiera sido en su caso el «coste efectivo de producción». En ambos casos, además, se incrementaría ese precio de referencia en los «costes efectivos», junto a los impuestos indirectos correspondientes. No se computarían como posibles deducciones, sin embargo, las retribuciones o bonificaciones que compensen servicios prestados.

Eso sí, quedarán libres de penalización las ventas de alimentos o productos alimenticios perecederos «en una fecha próxima a su inutilización». Así se incluye en el borrador sobre el que han trabajado Agricultura y las organizaciones profesionales, aunque quedarían por modificar las sanciones.

La idea es que se considere infracción grave la reincidencia, en este caso incurrir en dos o más irregularidades de ese tipo en menos de dos años. La «vigilancia» y verificación de estas conductas correspondería a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), cuya capacidad de actuación se reforzaría.

Las organizaciones agrarias insisten en que se eleven las cuantías de los castigos —la mayoría de las prácticas irregulares se suelen considerar ahora infracciones leves, castigadas con menos de 3.000 euros por caso—, al no ver «proporcionalidad con los abusos cometidos». Pero más importante que el «carácter ridículo» de las multas, advierten, es que se publiquen las resoluciones (archivo, medidas cautelares o sanciones) de la AICA, como hace la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en otros sectores.