El Banco de España, sin responsabilidad en la caída del Popular según la Justicia

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que interpuso una empresa accionista de Banco Popular que pedía la responsabilidad patrimonial del Banco de España por los perjuicios causados con la resolución de la entidad a mediados de 2017 cuando pasó a manos del Santander. La resolución judicial dictamina que el organismo competente en materia de supervisión era el Banco Central Europeo.

Esa firma accionista solicitó 123.991 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados tras la resolución de la Junta Unica de Resolución (JUR), que supuso la venta del Popular a Banco Santander por un euro, al esgrimir que el Banco de España había incumplido sus funciones de supervisión y solvencia de la banca.

Sin embargo, la sentencia ha analizado el Mecanismo Unico de Supervisión diseñado en el Reglamento, una normativa que encomienda al BCE tareas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito.

Aunque este mecanismo está integrado por el BCE y las autoridades nacionales (como el Banco de España), es el Banco Central Europeo "el responsable del funcionamiento eficaz y coherente". Así, la supervisión de las entidades de crédito de la zona euro se ejecuta en función de su importancia, supervisando directamente el BCE a las entidades calificadas de "significativas" y las autoridades nacionales a las "menos significativas", sin perjuicio de una supervisión indirecta por la autoridad europea.

Precisamente este miércoles declaraba en la Audiencia Nacional el exgobernador del Banco de España (ejerció entre junio de 2012 y mayo de 2018), Luis María Linde, como testigo en la causa que investiga la caída del Popular durante la presidencia de los sus dos últimos responsables, Ángel Ron y Emilio Saracho. Linde indicó que la crisis de ese banco no tuvo que ver ni con la solvencia ni con las provisiones, sino que fue un problema de liquidez el que obligó a la resolución.

Además, reiteraba algunos de los argumentos que ya expuso en su comparecencia en la comisión del Congreso que investigó la crisis financiera. Ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, el exgobernador defendido el papel del organismo y recordó que los requerimientos al Popular por el supervisor no suponían ni una irregularidad administrativa ni penal.