El PSOE quiere poner fin al dinero en efectivo aprovechando la crisis

El fin del dinero en efectivo podría estar cada vez más cerca. La pandemia de la Covid-19 ha cambiado repentinamente muchos de los hábitos que estaban arraigados entre los españoles, entre ellos el del pago en metálico. Durante este periodo de confinamiento de forma generalizada se ha estado utilizando mayoritariamente la tarjeta de crédito, al considerarse un método más seguro para evitar los contagios. Aprovechando esta situación de cambio, el PSOE pretende eliminar el pago en efectivo de forma gradual, aunque con un horizonte a largo plazo. Así se recoge en una proposición no de ley sobre la orientación del sistema tributario ante la crisis provocada por la Covid-19 que el grupo parlamentario socialista registró el pasado 24 de abril en el Congreso para su debate en el pleno.

Este proyecto se encuentra, no obstante, en una fase muy inicial y no tiene más desarrollo por el momento, pero deja clara la intención que tiene el Gobierno de acelerar el fin del ‘cash’ coincidiendo con esta crisis sanitaria, aunque con el objetivo último de reducir el fraude fiscal, en un momento en el que la economía sumergida podría crecer. Más en concreto, el PSOE propone la «eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva» dentro de un paquete de «medidas dirigidas a la prevención y erradicación de una crisis sanitaria que se traduce en una crisis económica de la que debemos recuperarnos lo más rápidamente posible y así evitar un estancamiento que también nos conduciría a una crisis social», según recoge el texto.

Con ello, los socialistas van un paso más allá de su propósito de ir rebajando el límite de pago en metálico, algo que el actual Gobierno ya intentó hacer en la anterior legislatura. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron a este periódico la intención de aprobar próximamente una reducción del límite del pago de efectivo desde los 2.500 euros actuales hasta los 1.000 euros. Se trata de una de las medidas recogidas en el anteproyecto de Ley contra el fraude fiscal que el Consejo de Ministros aprobó el 19 de octubre de 2018. Más de año y medio después, se encuentra todavía en fase consultiva, a la espera de recibir el informe del Consejo de Estado. Cuando termine esta fase, volverá al Consejo de Ministros para ser aprobado definitivamente para su posterior remisión a las Cortes.

En caso de que finalmente vea la luz, el pago en efectivo pasará de 2.500 a 1.000 euros para el supuesto de operaciones entre empresarios. No obstante, se mantendrá el límite de 2.500 euros para los pagos realizados por particulares, para evitar el impacto de la modificación en las economías domésticas. Además, se disminuirá el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España. Con estas medidas se persigue «endurecer el régimen para restringir estas operaciones que, al ser en efectivo, son más difícilmente rastreables y pueden facilitar comportamientos defraudatorios», según resaltó Hacienda en su momento, que cuantificó las pérdidas en 218 millones.