Hay que endurecer la jubilación anticipada y penalizarla según la pensión»

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es un independiente en un Gobierno de coalición. Llegó al Consejo de Ministros desde la presidencia de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), donde advertía contra las previsiones voluntaristas y las desviaciones en la consolidación fiscal de anteriores Gobiernos. Y bajo su responsabilidad caen dos de los principales proyectos que se van a abordar en esta legislatura: el ingreso mínimo vital (IMV), que ha echado a andar este mes, y la reforma del sistema de pensiones, que está convencido de lograr con acuerdo del Pacto de Toledo.

-Desde esta semana ya se puede solicitar el ingreso mínimo vital, pero todavía quedan detalles por concretar en el reglamento, como el del empleo.

-El estímulo mayor debería dirigirse a familias con niños y monoparentales que tienen subempleo para conciliar. Estamos trabajando en ello, pero el desarrollo reglamentario estará listo en los próximos meses.

-¿Se ha sentido presionado para sacar con demasiada premura la renta mínima?

-Siempre hablamos de salir en torno a estas fechas. Todos estábamos de acuerdo en que, dado el impacto de la pandemia, convenía adelantar su salida. Pero que algunos elementos no estén definidos en nada afecta a la puesta en marcha de la prestación.

-¿Ha habido diferencias con Pablo Iglesias?

-No ha habido diferencias significativas. Nosotros hemos liderado todo el diseño del ingreso mínimo, hemos hecho todos los cálculos. Ha habido comentarios, pero hemos tenido una relación bastante fácil y fluida durante el desarrollo de la prestación.

-Este IMV se asemeja al que se pactó con Ciudadanos, especialmente en el estímulo al empleo, y que Iglesias usó para no apoyar la investidura de Sánchez en aquel momento porque, dijo, «era premiar a los empresarios que pagaban bajos salarios».

-Este tema no ha sido ahora un motivo de discusión. Es bastante evidente que el incentivo al empleo tiene que estar. Sabemos que, en general, la gente quiere trabajar, aunque reciba un subsidio.

-¿Le preocupan las diferencias territoriales que se puedan producir con la renta mínima?

-Hasta ahora me preocupaban bastante. Por poner un ejemplo, en Asturias tienen una renta mínima bastante bien diseñada, en la que se gastan 125 millones y llegan a 25.000 hogares. Pero Galicia, que tiene 2.700.000 habitantes frente al millón de Asturias, se gasta la mitad y llega casi a la mitad de hogares. Esta es la situación de partida y nosotros vamos a establecer un mínimo nacional con las mismas condiciones para todos. Esto va a equilibrar mucho y a vertebrar el país a nivel estatal; después, cada comunidad autónoma verá cómo complementa. Hay diferencias de coste de vida que pueden justificar diferencias territoriales.

-¿Hay que replantearse las prestaciones por desempleo? Usted ha comentado que algunas estaban mal diseñadas.

-Hay margen para ir modificando otras prestaciones. Hemos empezado por la de hijo a cargo, que ya se ha integrado en el IMV. Hay muchas prestaciones no contributivas que se pueden focalizar mejor. El subsidio de paro para mayores de 52 años forma parte de los subsidios que hay que ir mirando y darles una vuelta. Son mejorables.

-Aunque la pandemia ha obligado a priorizar otros temas, ¿habrá reforma de pensiones esta legislatura?

-Estoy convencido de que sí. El Pacto de Toledo estuvo muy cerca de firmar un acuerdo hace algo más de un año. El punto de partida es ese borrador.

-¿Cómo tendría que ser esa reforma?

-Primero hay que asegurar de forma permanente que las pensiones mantienen su poder adquisitivo. Después hay que reajustar determinadas políticas sobre jubilación anticipada o incentivos a jubilarse más tarde para acercar la edad efectiva a la edad legal. Y hay que limpiar la estructura de ingresos y gastos de la Seguridad Social para que refleje de forma fiel lo que es el componente contributivo y se vea la realidad: que con el nivel actual de cotizaciones sociales y el gasto en pensiones la Seguridad Social tiene una situación financiera razonable.

-Se habían comprometido a tener un nuevo índice de revalorización de las pensiones antes de que termine el año.

-Primero el Pacto de Toledo tiene que acordar el marco de la reforma y a partir de ahí nosotros plantearemos los cambios normativos.

-¿Qué cambios estudian para retrasar la jubilación?

-Tenemos que propiciar que quien quiera trabajar más tiempo lo pueda hacer. Hay opciones que no hemos difundido y la gente no conoce, pero se puede trabajar más allá de los 65 años, cobrar la mitad de la pensión y tener una cotización muy pequeña a la Seguridad Social. Incluso se puede mejorar esa política.

-La jubilación anticipada ya está penalizada con unos coeficientes reductores en función del tiempo que se adelante el retiro. ¿Cómo quiere desincentivarla más?

-Esos coeficientes penalizadores no están bien diseñados, no están ajustados por niveles de renta. A niveles más altos de pensión hay incentivos evidentes a anticipar el retiro.

-Entonces, se refiere a endurecer esos coeficientes reductores según el nivel de renta.

-Sí. Iría por ahí. Esos coeficientes están definidos de forma regresiva, de manera que a pensiones más bajas hay menos incentivos para jubilarse y a pensiones más altas hay más incentivos. Tenemos un problema ahí y se están produciendo demasiadas jubilaciones anticipadas, especialmente entre personas con un nivel alto de pensión.

-Muchos se jubilan antes por miedo a que la reforma les recorte la prestación.

-Puede ser. Cuando se aclare que la reforma no va a generar recorte de poder adquisitivo, probablemente tengamos menos. No se pueden plantear ajustes sobre aquellos que ya están jubilados o a punto de jubilarse. Sería injusto, no tendrían capacidad de reacción.

-¿Aprovechará los Presupuestos de 2021 para trasladar gastos impropios de la Seguridad Social al Estado? ¿Cuáles?

-Es una posibilidad. Hay muchos candidatos. Tenemos exoneraciones que estamos pagando, toda la parte no contributiva de las políticas activas... Quizá se podría empezar por ahí.

-¿Hará falta un nuevo préstamo del Estado este año?

-Sí, hará falta. La cuantía dependerá de las políticas asociadas a la pandemia.

-Como presidente de la Airef era un poco el ‘Pepito Grillo’ del Gobierno. ¿Cómo ha sido el cambio a ministro? ¿Ha tenido que transigir?

-El Gobierno mandó en febrero a la Comisión Europea una corrección de la senda del déficit público que era realista, sustentada en decisiones por el lado de los ingresos. Después, ha llegado la pandemia y nos ha cambiado el paso a todos los gobiernos. Tendremos que retomar esa senda y escenario de consolidación hacia niveles de deuda más razonables.

-Ha habido una sucesión de mensajes y contramensajes del Gobierno. ¿Cree que la comparación con el camarote de los hermanos Marx es acertada?

-Es evidente que dentro del Gobierno hay aproximaciones distintas a varios temas. Pero para eso hay un acuerdo de Gobierno, con el que yo estoy cómodo, donde se marcan los límites de dónde se puede ir y dónde no. Los límites en el ámbito fiscal y en el ámbito de la reforma laboral están bastante claros.

-Bueno, precisamente ahí sí que se han lanzado mensajes muy diferentes...

-Cómo abordar un marco normativo en España en el ámbito laboral es un tema que está pendiente y requiere un análisis profundo dentro del Gobierno. La reflexión general que hay que hacer transciende la reforma laboral. Hay que hablar de cuáles son los elementos que hacen que estructuralmente tengamos una tasa de paro tan alta del 14%. Creo que el marco normativo no es el factor dominante porque con la misma norma y en el mismo país tenemos tasas de paro con una diferencia de 15 puntos entre comunidades. Pienso que tiene más que ver con políticas que propicien la movilidad interregional. A veces nos obsesionamos con elementos de la reforma laboral pero probablemente tenemos que mirar en otras direcciones. Tenemos un problema de paro estructural grave y no parece que las idas y venidas en las reformas laborales hayan sido decisivas en cambiar esto. Hay que incidir en las causas de la elevada temporalidad y la enorme diferencia de tasa de paro entre regiones.