Las empleadas del hogar siguen sin cobrar el subsidio tras cuatro meses de pandemia
El Covid-19 agudiza la crisis de un sector desprotegido que ha perdido más de un 13% de sus cotizantes
Sorrina tiene 56 años, es rumana y la crisis del coronavirus ha impactado de lleno en su ya de por sí maltrecha economía. A principios de marzo tenía tres trabajos como empleada del hogar, pero la Covid-19 le ha castigado de tal manera, que ahora solo va dos días a la semana a la casa a la que antes acudía a diario con un contrato de media jornada. Antes de la pandemia, iba todas las tardes a una residencia a atender a una señora que falleció a causa del virus. Ahora está a la espera de la vuelta de verano, por si puede recuperar más horas o le sale algún nuevo empleo. Y mientras tanto, cuatro meses después de la pandemia, sigue sin cobrar la ayuda prometida por el Gobierno.
Como ella está la inmensa mayoría -si no todas- de las poco más de 32.000 trabajadoras domésticas que han solicitado el subsidio especial, una cantidad mínima si se tiene en cuenta que hay más de 374.000 dadas de alta en la Seguridad Social, casi un 90% mujeres. Pese a que desde el Ministerio de Trabajo aseguran que ya se ha empezado a pagar, desde el Sepe y los sindicatos denuncian que no tienen constancia de que ninguna haya cobrado a fecha de hoy. Fuentes de Trabajo insisten en que sí se van pagando las prestaciones que se van reconociendo, pero no proporciona datos de cuántas podrían haberlo cobrado ya.
Fue el propio secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien el pasado 2 de julio prometió que las trabajadoras del hogar recibirían el pago «en los próximos días», sin tener que esperar al 10 de julio, que es cuando tradicionalmente abona el Sepe las nóminas, gracias al acuerdo alcanzado con los bancos. Pérez Rey justificó el retraso de tres meses (pese a que se aprobó a final de marzo, hubo que esperar al 5 de mayo para poder solicitarlo) en que se ha tenido que crear una herramienta informática específica ya que esta prestación es nueva, lo que ha supuesto un desarrollo especial.
Es más, para no sobrecargar más a los trabajadores del Sepe -desbordados con la tramitación de los Erte-, el ministerio externalizó esta ayuda y contrató a la empresa pública Tragsatec. «No se ha abonado ninguna prestación a este colectivo porque ha habido algún problema informático», sostiene a este periódico Manuel Galdeano, coordinador de CSIF en el Sepe, quien precisa que están teniendo «importantes dificultades» al haber externalizado esta ayuda y «desconocer absolutamente todo lo que tiene que ver con su gestión». Galdeano, sin embargo, denuncia que todas estas personas van a acudir a las oficinas de empleo a reclamar al no saber que «los trabajadores del Sepe no son responsables de lo que pase con esta prestación», por lo que pide a la ministra Yolanda Díaz «transparencia» y «sinceridad» en este asunto. En esta misma línea, desde la federación de Servicios de CC OO señalan que «esta ayuda tan anunciada de momento no está sirviendo para absolutamente nada» ya que «a fecha 9 de julio no hay constancia de que nadie la haya cobrado».
Escasas peticiones
Otro nubarrón en este subsidio es que apenas el 8,5% de las empleadas de hogar lo han solicitado, al menos hasta el momento, ya que el plazo para pedirlo termina a finales de julio (un mes después de que termine el estado de alarma). «32.020 solicitudes es un número pequeño para el impacto que ha tenido en el sector», asegura Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO. Efectivamente no es porque sea un colectivo que no se haya visto afectado por esta crisis. Al contrario, se trata del que ha sufrido un mayor desplome: se han destruido desde mediados de marzo un total de 22.244 empleos, lo que supone un caída del 5,6%, frente al 5,2% de descenso del Régimen General. Esto supone una piedra más en un sector que está en caída libre en los últimos años. Así, en los últimos doce meses ha perdido más de 31.000 afiliadas, un retroceso del 7,7%, y desde el máximo alcanzado en junio de 2015 ha recortado un 13% sus cotizantes.