La moratoria para pagar hipoteca queda sólo en mano de los bancos

Las familias que pasen por estrecheces económicas en el duro otoño que está por llegar tendrán que negociar con sus bancos si quieren aplazar algunas cuotas de sus hipotecas para hacer frente a la crisis. A partir del próximo 1 de octubre, estos hogares ya no contarán con la protección de la moratoria legal impulsada por el Gobierno en pleno estado de alarma, y cuyo plazo legal está a punto de expirar.

Seguirá habiendo aplazamientos para evitar los impagos, pero la decisión final quedará en manos de cada entidad financiera y de sus criterios, requisitos o exigencias con su cliente. El Ejecutivo no se plantea prorrogar el decreto que permitía estos aplazamientos de las cuotas por tres meses, una herramienta que ya tuvo que ser ampliada desde julio hasta septiembre por los rebrotes del coronavirus y las frágiles expectativas económicas.

Ahora, con la segunda ola de la pandemia en marcha, será una de las medidas del ‘escudo social’ que decaerán, según apuntan fuentes gubernamentales. En estos seis meses de crisis, se habían concedido unas 226.000 moratorias hipotecarias a familias en apuros bajo las premisas de la norma del Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño. Más otras 392.000 relativas a todo tipo de préstamos, como los de consumo. En total, unas 618.000. Por su parte, la banca, que también optó desde abril por aplicar sus propias medidas para facilitar el pago de los créditos en paralelo al decreto del Ministerio de Economía, ha aprobado otras 666.000.

Este proceso permite a las familias acceder al aplazamiento durante un trimestre de las cuotas de sus préstamos o créditos, en el caso de las acogidas al decreto. La banca (AEB y CECA) amplió ese plazo hasta 12 meses (medio año para los créditos personales), aunque con unos criterios diferentes a los definidos por el Ejecutivo. De hecho, los requisitos legales para acceder a las moratorias impulsadas por el Consejo de Ministros exigen hasta cuatro condiciones a la vez, lo que provocó que inicialmente hasta el 80% de las peticiones fueran rechazadas. Economía flexibilizó ese criterio y el grado de aprobación de las solicitudes se encuentra en el 90%.

La aplicación de esta medida ha logrado mantener casi a raya la morosidad en la banca durante los peores meses de la pandemia: un 4,7% de impagos sobre el conjunto de los créditos en julio, el mismo nivel que en marzo, según el Banco de España. La institución alertaba esta misma semana de que si no se introducen nuevas medidas, los impagos podrían dispararse una vez decaigan las moratorias aprobadas. Pero el Ejecutivo alega que «no hay un marco» legal que apare a partir del miércoles la extensión de esta medida. En realidad se refiere a las consignas de la Autoridad Bancaria Europea (EBA): este organismo comenzará a exigir que cualquier nueva moratoria tenga que ser provisionada por el banco como antes del coronavirus, lo que implica cambios contables y un impacto relevante para los resultados de las entidades.

Los nuevos casos de familias con problemas pasarán a ser gestionados bajo los criterios de la banca para seguir protegidos si no pueden pagar. Cuando un cliente acuda a su banco para plantearle este problema «será cada entidad la que va a tomar su propia decisión, en función de su política», apuntan en el sector. «Esa facilidad en las condiciones de pago tendrá en cuenta que la morosidad va a subir, las provisiones a realizar...». Seguirán concediendo aplazamientos, pero más restrictivos.