Alcoa cierra su planta de Lugo y sella el despido colectivo de 523 trabajadores
No hay marcha atrás. La multinacional estadounidense Alcoa oficializó ayer el despido colectivo que afectará a 524 trabajadores de su fábrica de Lugo sin esperar al plan del Gobierno, que baraja una posible intervención. Después de cuatro meses de tensas negociaciones, no se ha llegado a ningún acuerdo una vez que la opción de venta de la fábrica no obtuvo el visto bueno de la compañía. Así, la empresa de aluminio anunció en un comunicado la hibernación ordenada de las cubas de electrolisis de la planta de aluminio de San Cibrao, un proceso que concluirá en el primer trimestre de 2021 y que aboca a la fábrica a su fin definitivo. La refinería de alúmina, en cambio, sí continuará operando y para ello mantiene a 99 empleados.
«La desafortunada realidad es que la planta de aluminio de San Ciprián no es competitiva y no prevemos que cambien sus importantes problemas estructurales», explicó el presidente y consejero delegado de Alcoa, Roy Harvey. El directivo aclaró que después de haber explorado distintas opciones en los últimos meses, como la oferta de Liberty House para comprar la planta, «la reestructuración es necesaria para detener las continuas pérdidas económicas». La compañía insiste en que la planta «no es viable debido a factores productivos estructurales, como la ausencia de un marco energético competitivo en España, la sobrecapacidad mundial en la producción de aluminio y la caída del precio del aluminio». Durante este año y hasta el 30 de septiembre, la planta de aluminio primario de San Ciprián ha registrado unas pérdidas de aproximadamente 45 millones de dólares. En 2018 y 2019, sus pérdidas combinadas ascendieron a 126 millones de dólares.
Alcoa abonará indemnizaciones de 30 días por año trabajado hasta un máximo de doce mensualidades a los cerca de 530 empleados afectados y contratará planes de recolocación externa para los mismos.
Tras este anuncio, el Gobierno manifestó su «malestar» por el hecho de que Alcoa abandonara la negociación y no respondiera a la propuesta de que la Sepi actuara de intermediaria para la venta de la planta a Liberty House. En este sentido, el Ministerio de Industria acusó a la multinacional de ser «la única responsable del fracaso en las negociaciones de venta». No obstante, el Ejecutivo se comprometió a «seguir trabajando para encontrar una solución».