Dos millones de trabajadores están pendientes de la subida del SMI

Pensionistas y jubilados ya saben cuánto cobrarán el año que viene. Las nóminas de más de 12,5 millones de españoles subirán un 0,9% en 2020 después de que el Gobierno así lo haya decidido para que no pierdan poder adquisitivo, ya que estiman que los precios se elevarán también en ese porcentaje. Sin embargo, más de dos millones de trabajadores, precisamente los más vulnerables, aún están a la espera de saber si sus salarios subirán con el nuevo año, o no.

Son el eslabón más débil del mercado de trabajo español, aquellos que cobran la remuneración más baja permitida por ley. El Ejecutivo intentará pactar con los agentes sociales cuál será el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021 ya que no lo incluyó en los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, esto no tiene por qué significar que se mantendrá congelado en los 950 euros al mes. Su propósito es que sean los sindicatos y la patronal quienes acuerden la nueva subida, en caso de que la haya. Para ello, el Ministerio de Trabajo les convocará formalmente para esta próxima semana o la siguiente.

Así lo aseguró recientemente el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien precisó además que desde su departamento ya han iniciado algunos de los trámites formales vinculados al salario mínimo. «El Ministerio lo que quiere es escuchar al diálogo social y que sean ellos los que establezcan los criterios», explicó el número dos de Yolanda Díaz, que apuntó que, «una vez valorado en su conjunto», harán la propuesta.

El Gobierno guarda por ahora silencio sobre las informaciones que se publican a este respecto: las que apuntan a que habrá una congelación y las que señalan que la intención de la ministra de Trabajo es elevarlo a 1.000 euros al mes. Fuentes del ministerio precisaron que no tienen sobre la mesa ninguna cifra y que están a la espera de lo que propongan ahora los agentes sociales.

El Ejecutivo quiere conseguir otro gran acuerdo —sería el séptimo de la legislatura— en el seno del diálogo social, al igual que sucedió cuando pactaron subirlo este año a los 950 euros. Pero esta vez lograrlo parece más complicado. La patronal ha mostrado su total oposición a un nuevo incremento en un momento en el que las empresas atraviesan una delicada situación a consecuencia de la pandemia y en el que aún hay casi 750.000 trabajadores en erte, que se suman a los casi 370.000 nuevos parados de esta crisis sin precedentes.

SERÍA «UN SUICIDIO»

«Ahora no es el momento», repite casi a modo de mantra el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Es la misma respuesta que da cuando le hablan de reforma laboral o de subir impuestos. Desde la patronal advierten que impactaría negativamente en los sectores más afectados por la pandemia y ahora la prioridad tiene que ser la recuperación económica.

Más crítico aún se mostró el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, quien dejó claro que sólo tendría consecuencias negativas para el empleo o para elevar la economía sumergida y advirtió que «en un momento tan crítico para la viabilidad de las empresas y de los puestos de trabajo, un alza de impuestos y una subida del salario mínimo es un suicidio».

Los sindicatos, por su parte, se muestran en esta ocasión más flexibles que otras veces aunque descartan una congelación. A falta de consensuar una postura conjunta, desde CCOO no quieren poner un porcentaje concreto y defienden llegar al 60% del salario medio a final de legislatura. Abogan así por modular los incrementos en los próximos tres años. Desde UGT piden al Gobierno que inicie las negociaciones para incrementar el salario mínimo hasta superar los 1.000 euros en 2021 y así recuperar la economía y disminuir la pobreza y la desigualdad.

Es más. El Gobierno se comprometió en su acuerdo de investidura a elevar el salario mínimo a 1.200 euros, un objetivo que ahora puede estar en peligro tras la pandemia. Porque subir el SMI supone también elevar las cotizaciones sociales en un momento delicado para las empresas: las bases mínimas se elevan en el mismo porcentaje. Y es que en los dos últimos año la remuneración más baja permitida por ley se ha elevado casi un 30%. Un 50% en la última década, al pasar de los 633,3 euros en 2010 hasta los 950 euros de la actualidad. Y tendrá que subir otro 26% si el Ejecutivo cumple finalmente con su promesa.

El estudio —elaborado por el sindicato con datos extraídos de la EPA anual de 2018— resalta que hay en torno a dos millones de trabajadores que cobran la remuneración más baja que hay en España. Fuentes del Gobierno lo rebajan hasta el millón y medio, aunque cuando se aprobó el incremento de 2018 el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuantificó en casi dos millones y medio los afectados, de los cuales entre 750.000 y 800.000 pertenecían al sistema especial agrario y 400.000 al sistema especial de empleadas de hogar, tal y como se publicó entonces en el BOE.

De los dos millones de empleos en los que impacta el SMI, 1.542.000 son a tiempo completo, según el estudio elaborado por Comisiones Obreras.