Fidalgo y Méndez instan al Gobierno a retirar el decreto durante su debate

Tras el trámite reglamentario, las centrales se han puesto manos a la obra para elaborar una propuesta «racional» de los servicios mínimos que, a su juicio, deberán funcionar el 20 de junio dentro de los sectores esenciales de la sociedad, como sanidad, transporte o seguridad. Cuando el plan esté ultimado se lo presentarán al Gobierno para que de su visto bueno. Pérez y Sánchez explicaron que los Ministerios afectados por las guardias del día de la huelga sólo tienen la obligación de escuchar el proyecto sindical, no de aceptarlo. No obstante, los dos expusieron su esperanza de que surja el entendimiento. Argumentaron que en anteriores huelgas generales el número de actividades imprescindibles y esenciales fue pactado en su inmensa mayoría. El representante de UGT matizó que conviene tener en cuenta que se trata de «un solo día de huelga y no de un paro indefinido» o, lo que es lo mismo, «es necesario cubrir unos servicios esenciales para la supervivencia de la sociedad no para el mantenimiento de determinadas actividades laborales». Sánchez subrayó que si el Ejecutivo se inclina por el establecimiento de unas guardias desorbitadas «no podremos garantizar su cumplimiento». «Nuestro aval es que la Justicia, aunque sea a toro pasado, siempre nos ha dado la razón cuando hemos denunciado unos mínimos exagerados» añadió Pérez. Por su parte, Fidalgo y Méndez, que han iniciado asambleas de delegados en las capitales de provincia, afirmaron que la imagen de voluntad de diálogo que quiere dar el Gobierno es «artificial» porque adolece de credibilidad. «Si el Gobierno quiere negociar, lo que debe hacer es retirar el decretazo el próximo día 13 cuando el ministro comparezca en el Congreso para presentarlo», aseguró Méndez quien apuntó que el paro laboral será un éxito puesto que para los ciudadanos está «absolutamente justificado», según desvelan las encuestas «a pie de tajo». El máximo dirigente de CC. OO. lamentó que el Gobierno se haya convertido en una «máquina de meter miedo» al pretender convertir la huelga en un «conflicto de orden público». Consideró que esa actitud es «una irresponsabilidad tremenda». En otro momento de su exposición, Méndez responsabilizó al presidente José María Aznar de la fecha de la convocatoria del paro (víspera de la Cumbre de Sevilla, reunión que pondrá fin al semestre español de presidencia europea) «por su determinación crispada, autoritaria y fuera de lugar». Por su parte, en sendas asambleas de delegados de CC. OO. de León y Ponferrada se analizó el contenido y las consecuencias de la reforma del sistema de protección por desempleo. Según sus datos, un 60% de los desempleados de Castilla y León no cuentan con ningún tipo de cobertura. También estudiaron las actuaciones que desde su sindicato se llevarán a cabo con el objetivo de asegurar el éxito de la huelga.