Decreto ley

Al poco tiempo de la llegada al poder de los socialistas, concretamente en diciembre de 1982, el Gobierno decidió probar unas medidas de carácter económico y fiscal por decreto ley, una fórmula legislativa reservada exclusivamente para casos de urgencia. Pese a las protestas de la derecha, entonces en la oposición, parecía evidente que, con la inflación que había dejado UCD, cualquier decisión referida a la economía resultaba entonces inequívocamente inaplazable. Esta discutible manera de legislar fue utilizada también por el PP desde su llegada al poder: en junio de 1996, sin exigencia ni requerimiento alguno de premura, el Gobierno aprobó por decreto ley un nuevo tratamiento fiscal de las plusvalías con el que, de paso, se daba satisfacción al núcleo duro del electorado popular. Tampoco ahora se percibía una acuciante necesidad de recortar las prestaciones para los desempleados, no era perentoria la eliminación del PER ni se sentía una necesidad imperiosa de obligar a los parados a desplazarse hasta 30 kilómetros (entre ida y vuelta) para acudir a cualquier trabajo que les ofreciesen. Pero el Gobierno recurrió a la fórmula del decreto ley que, en el ámbito social sólo sería apropiada para establecer mejoras que, por definición, siempre tienen un carácter apremiante. La prioridad de los gobiernos de izquierdas suele ser la política social, mientras que los gobiernos de la derecha acostumbran a poner el acento en la política económica. Consecuentemente, la izquierda puede contar más fácilmente con el apoyo de los sindicatos y la derecha con el de la patronal, con sus contrapartidas: la izquierda debe extremar el celo en la negociación con los empresarios, mientras la derecha ha de hacer lo mismo con los sindicalistas. Pero el centro, ya se sabe, no es de derechas ni de izquierdas.