Los sindicatos recuerdan a Aparicio que debe tutelar el derecho a la huelga

Antes de participar en una asamblea conjunta de delegados, Méndez aseguró que el Gobierno quiere convertir un derecho en un conflicto de orden público y dijo que la obligación del ministro de Trabajo es recordar a las empresas que el ejercicio del derecho de huelga está reconocido por el artículo 28 de la Constitución como un derecho fundamental, y que pueden incurrir en sanciones si lo menoscaban. «El Gobierno está sobrado de malas ideas y para que tenga una buena idea, José María Fidalgo y yo le vamos a enviar una carta al ministro de Trabajo con el fin de que entienda que es el depositario del derecho a la huelga y advierta a los empresarios de que si condicionan el derecho a la huelga se arriesgan a sufrir sanciones», precisó Cándido Méndez, quien aseguró que los sindicatos están recibiendo muchas reclamaciones de trabajadores, en su mayoría contratados temporales, que denuncian que son coaccionados por sus empresas, en un intento de menoscabar su derecho a la huelga. En ente sentido, el secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, aseguró que la Administracion tiene la obligacion de proteger el derecho de huelga, no de reprimirlo. Añadió que hay funcionarios de la Administración que prevarican e impiden con su actuación el desarrollo de ese derecho. Ambos dirigentes sindicales coincidieron en que, por el momento, no se han planteado acciones jurídicas por la mencionada carta. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, dijo ayer que pondrá en marcha «el mayor despliegue policial del que seamos capaces» para evitar la actuación de piquetes violentos en la jornada de huelga general del día 20. En declaraciones a Antena 3 Televisión, el ministro del Interior recalcó que el Gobierno respeta el derecho constitucional de huelga pero sostuvo que su obligación es garantizar que los ciudadanos que quieran trabajar puedan ejercer también su derecho. Rajoy señaló que aunque es imposible garantizar absolutamente que se vaya a evitar la actuación de piquetes, «somos conscientes, y vamos a actuar en consecuencia, de que nuestra obligación es procurar que quien quiera trabajar pueda hacerlo». En materia de servicios mínimos, indicó que en el sector de transportes se marcarán los que sean «razonables» y consideró que la propuesta del 10% «no son servicios mínimos sino servicios inexistentes».