Botín pidió al PSOE que suavizara el control de las cesiones de crédito

Entre el más de medio centenar de folios que la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres dedica a explicar las múltiples irregularidades que, según ella, cometió la cúpula de la entidad cántabra para frenar las indagaciones de la Hacienda Pública sobre los titulares reales de las cesiones de crédito, destacan las referencias sobre la correspondencia que se cruzaron varios directivos dentro del banco y la que a su vez enviaron a miembros de la Administración Central. En este sentido, revela la existencia de varias cartas remitidas por el propio Botín a la Secretaría de Estado de Hacienda. La primera de las misivas fue enviada en enero de 1991 por el presidente del banco a Josep Borrell, quien dos meses después dejó el cargo de secretario de Estado a su mano derecha, Antonio Zabalza. Ambos fueron los interlocutores utilizados por Emilio Botín quien, según la juez, intentó por todos los medios «rebajar la insistencia» de la Unidad Central de Información (UCI) del departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Para Teresa Palacios, ese comportamiento «denota no sólo un conocimiento previo de los requerimientos de Hacienda, sino una preocupación que puede indicar también conocimiento de las irregularidades cometidas». Uno de los motivos que, para la magistrada, «parecen explicar» la actitud de Botin sería el «temor al desembarco» de la Inspección Fiscal en las oficinas del Santander, manifestado por su Asesoría Jurídica en un documento interno donde ésta también «recomienda no dar más información» a Hacienda. Según el auto judicial, ese comentario «trasluce claramente que la operativa de las cesiones debió ser irregular», máxime cuando se detectara un evidente recelo a que «se descubriera que algunas de las titularidades de esos productos comunicadas al fisco no eran verdaderas». Las reacciones al caso de las cesiones de crédito, donde la juez ha visto indicios de delito para imputar a Emilio Botín y cuatro ex directivos del Santander como presuntos «cooperadores» o «inductores» de 138 delitos fiscales supuestamente cometidos por sus clientes, también se sucedieron este sábado, desde el respeto a las decisiones judiciales. El portavoz de economía del Grupo Popular en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, reiteró en Valencia que esos hechos no afectan a su formación ni al Gobierno, dado que vienen de la época anterior de los Ejecutivos socialistas.