La crisis de las aerolíneas de EE. UU. amenaza con un efecto dominó

La grave crisis financiera del sector aéreo estadounidense comenzó hace un año aproximadamente. Al desastre de los atentados del 11 de septiembre se unió a la delicada situación anterior, que ya pronosticaba un declive de la facturación en la aviación comercial junto a un incremento de los costes. La progresiva subida del precio del crudo durante los meses precedentes a septiembre de 2001 y la recesión económica hicieron que el ataque terrorista multiplicara su onda expansiva en la economía norteamericana. El Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de ayudas por un importe de 15.000 millones de dólares para que las compañías aéreas lograran hacer frente a las consecuencias de los atentados. Sin embargo, esta importante inyección de dinero no fue suficiente para que las líneas aéreas vuelen sanearan sus cuentas. El sector aún requiere más ayudas y políticas restrictivas de su actividad para poder operar con normalidad. Estados Unidos tiene una ley de quiebras recogida en el llamado «Capítulo 11», y que consiste, básicamente, en la suspensión de pagos. Cuando una compañía no tiene liquidez pasa a ser administrada por un juez, de tal manera que los acreedores quedan protegidos y la empresa puede seguir funcionando hasta que se recupera. Si no logra estabilizar su situación, los activos de la misma tendrían que ser liquidados para cubrir las obligaciones, lo que en la mayoría de los casos supone la desaparición. American Airlines, compañía líder, anunció el pasado 13 de agosto la reducción de su plantilla en 7.000 trabajadores, (más los 10.000 despedidos tras el 11-S), la retirada de los aviones más viejos y la supresión de las rutas menos rentables. Con estas medidas se persigue hacer frente a la caída de la demanda, que ha obligado a la empresa a reducir su capacidad en un 9%. Un factor que agrava la situación de American Airlines es la compra de TWA en enero de 2001, por la que pagó 742 millones de dólares. Con esta operación, se hizo cargo de una deuda de 3.600 millones de dólares. La segunda aerolínea más importante, United Airlines, podría verse forzada a suspender los pagos antes de que finalice 2002 si no logra reducir sus gastos y aplicar otras medidas financieras de emergencia, como el recorte de los salarios. Desde el 11-S, esta compañía ha reducido su plantilla un 18%. United Airlines se ha planteado pedir una ayuda de 2.000 millones de dólares a la Junta de Estabilización del Transporte Aéreo (ATSB), pero este organismo podría denegárla si antes no logra llevar a cabo una serie de reducciones en los gastos de la empresa.