PSOE, IU y Grupo Mixto recurren el «decretazo» ante el Constitucional

Según explicó ayer el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Jesús Caldera, las razones que justifican la presentación de este recurso son «amplias, fundamentadas y suficientes» como para que el Alto Tribunal decida derogar total o parcialmente el conjunto de «recortes de derechos sociales» que contiene la reforma del Gobierno. «Pedimos amparo en nombre de los derechos sociales de los españoles porque ha habido un abuso legislatitivo tanto de forma como de fondo. De forma, porque se empleó un Decreto ley en lo que fue un acto de retorsión para castigar a los sindicatos. Y de fondo, porque este decreto rompe con el modelo consensuado de protección social que ha regido en España en los últimos años», aseguró Caldera. Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, señaló que el «decretazo», al aprobarse como Decreto ley, «vulnera claramente la capacidad legislativa del Parlamento. En su opinión, la reforma implica un «retroceso de los derechos conquistados por los trabajadores», como los salarios de tramitación, los derechos de los trabajadores fijos discontinuos, o el subsidio agrario. «El Gobierno ha preferido pasar página, pero la sociedad española, las fuerzas políticas y los sindicatos tienen una batalla abierta jurídica, social y política. El Gobierno tendrá que avenirse a negociar. No puede tan sólo introducir enmiendas de matiz en el Congreso, sino que tiene que cambiar radicalmente una política antisocial por una política de prestaciones de derechos sociales y laborales», indicó el líder de IU. El portavoz socialista en la Comisión de Política Social y Empleo, Ramón Jáuregui, apuntó que el recurso se articula en torno a cuatro puntos. El primero se centra en el uso indebido de un Decreto ley para aprobar una norma que no presenta las razones de «urgencia y excepcionalidad» que justifican este instrumento legal, tal y como se recoge en el artículo 86.1 de la Constitución. En segundo lugar, juzgan inconstitucional el marco del despido que establece la reforma del Ejecutivo, al abaratarlo y acercarlo al despido libre en algunos casos, con la eliminación de los llamados salarios de tramitación. Los otros dos puntos del recurso giran en torno al nuevo sistema de desempleo del régimen agrario que instaura la norma del Gobierno. Para los recurrentes, es inconstitucional el que se niegue la consideración de parados a aquellos familiares del titular de una explotación agraria que hayan realizado alguna actividad en la misma.