Denuncian al Gobierno tras anunciar subidas en la tarifa de luz y teléfono

En las telecomunicaciones, el marco tarifario impuso a Telefónica rebajas medias equivalentes a la variación del IPC menos 8 puntos en 2001 y menos 6 puntos en 2002. Junto a la práctica congelación en las llamadas locales, permitió subidas periódicas de la cuota de abono -auspiciadas por la Comisión Europea-, a compensar con rebajas en las llamadas de larga distincias (provinciales, interprovinciales e internacionales). Para el próximo año, la reducción media se estimó en torno al 1,5%, aunque la cuota mensual de abono por línea fija sube a un máximo de 12,62 euros. El nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, trabaja en un nuevo marco para que el operador dominante no bloquee el desarrollo de la competencia. Y ha anunciado que los precios regulados del teléfono subirán, en promedio, menos que la inflación. Es decir, que volverán a subir el próximo año. Las medidas para introducir mayor transparencia en los precios de los carburantes tampoco han llegado a buen puerto. Las petroleras optaron por no comunicar las variaciones que aplican las estaciones de servicios por ellas suministradas y, a la chita callando, las gasolinas se han encarecido un 8% desde comienzos de año, y los gasóleos el 3%. Nunca se llegó a aplicar la exigencia de paneles informativos de los precios de los carburantes en las autovías, y ahora se da a conocer que esta iniciativ -también regulada en junio de 2002- se sustituirá por una comunicación en tiempo real a través del teléfono móvil. La llamada la pagará el usuario. Ante este panorama, la Organización de Consumidores y Usuarios se pregunta dónde están las positivas consecuencias que iban a tener las medidas liberalizadoras presentadas «a bombo y platillo». La asociación denuncia la poca claridad de los «mensajes» lanzados desde los ministerios competentes, y la falta de respeto de lo que considera «jugar con los números» y los intereses de los usuarios. El secretario de Estado de Energía, José Folgado, y el ministro de Ciencia y Tecnología han hablado de bajadas «en términos reales», es decir, por debajo de la inflación. Pero la inflación, recuerdan las organizaciones, «la pagamos todos». José María Múgica, director general de OCU, ha recordado que el proceso de liberalización de las telecomunicaciones lo han venido pagando los usuarios residenciales (domésticos) con el incremento de los costes fijos, mientras las mayores rebajas se han aplicado a los grandes consumidores (donde se encuentran los clientes empresariales, en este caso). La Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu) ha asegurado que el anuncio del ministro Piqué supone «un claro retroceso en las promesas del Gobierno, que siempre ha asegurado que las políticas liberalizadoras iban a aumentar la calidad del servicio al tiempo que bajaban los precios». Desde la oposición política, portavoces de Izquierda Unida y del PSOE han exigido al Gobierno que cumpla los compromisos de rebajas de tarifas y no se pliegue a los intereses de las grandes compañías eléctricas y operadoras de telecomunicaciones.