La Audiencia Nacional confirma la excarcelación de Pilar Giménez-Reyna

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el auto dictado el pasado 22 de febrero por la juez Central de Instrucción número 3, Teresa Palacios, en el que decretó la excarcelación de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, si depositaba una fianza de 180.000 euros (30 millones de pesetas). Esta Sección, que en enero pasado confirmó la situación de prisión incondicional de la imputada, ha acordado ahora desestimar el recurso de apelación, al que se adhirió el fiscal Anticorrupción, que pretendía el reingreso de Giménez-Reyna en prisión o, en su caso, un aumento de la fianza impuesta. El tribunal acuerda confirmar la medida de la juez Palacios y desestima el recurso de apelación al considerar que «en este momento no hay cuestión acerca de la existencia de indicios de participación de la inculpada en operaciones punibles», aunque «pueda resultar polémica su actuación en determinadas formas de salidas o desvíos de dinero». «Queda fuera del alcance de la inculpada la alteración de diligencias probatorias y, sobre todo, atendidas tanto las circunstancias personales de nacionalidad y arraigo y que de hecho no se revela un incumplimiento de las presentaciones periódicas y demás medidas acordadas», indica la resolución de la Sección Cuarta, que recuerda que la imputada debe comparecer en el Juzgado cada 15 días. El tribunal tampoco observa que exista riesgo de fuga, por lo que estima que, hasta que se celebre juicio por este caso, la decisión de agravar la situación personal de Pilar Giménez-Reyna «no parece hoy revestida de la utilidad que pudo tener en su día». El auto de la juez Palacios del pasado 22 de febrero respondía a un escrito presentado por la defensa de la imputada en el que solicitaba la excarcelación de su cliente alegando que las circunstancias por las que la magistrada decretó la prisión -riesgo de fuga y de obstrucción a la acción de la justicia- eran ya muy distintas. Además, señalaba que la presidenta de Gescartera sufría depresión y osteoporosis, enfermedades que se podían agravar en prisión. A esta solicitud de excarcelación se opusieron el fiscal y dos acusaciones, las que representan a la Mutualidad de Previsión Social de la Policía y a Construcciones Rico, los dos mayores inversores de Gescartera con 1.500 y 800 millones de pesetas, respectivamente (9 y casi 4,8 millones de euros).