El Gobierno cederá en los salarios de tramitación si los sindicatos dialogan

«Seguimos siendo flexibles en los objetivos que permitan avanzar en la generación de empleo, en la modernización y sobre todo en el avance de los colectivos que más dificultades tienen y que son más sensibles a las políticas de empleo», explicó Zaplana, al participar en la sesión de clausura del X Congreso regional del PP en la Comunidad Valenciana que preside. El titular de Trabajo se mostró dispuesto a «hacer un esfuerzo» e introducir modificaciones en la última reforma laboral durante su tramitación parlamentaria, pues, en su opinión, «no se han cerrado acuerdos, pero se han logrado avances muy importantes en cuestiones como los fijos discontinuos» así como «en mejorar las condiciones laborales de los autónomos y de sus familiares». Zaplana anunció que en los próximos días tratará de «concretar este esfuerzo importante que el Gobierno está dispuesto a realizar en aras a conseguir el mayor acuerdo posible en un tema que nos parece de capital importancia», y recordó que el objetivo del gobierno es lograr «la mejor posición desde el diálogo y desde el acuerdo para lograr los objetivos que todos tenemos que perseguir: el mayor empleo y su mayor calidad». Desde que se pusiera en marcha la reforma laboral se eliminó la posibilidad de poder seguir cobrando el salario normal de la empresa en caso de despido si la resolución del mismo estaba pendiente de un litigio judicial. La reforma contempla que un trabajador despedido empiece a cobrar el paro al que tiene derecho desde el mismo día que sale de la empresa, aunque haya impugnado tal decisión ante los tribunales, de forma que si finalmente la sentencia le favorece por considerar el despido improcedente, sólo cobrará los salarios de tramitación si la empresa le readmite. Sólo son obligatorios en caso de readmisión inmediata, cosa que sólo ocurre si se declara el despido nulo. Si no es así y no se le readmite en al empresa aunque el despido sea improcedente (no nulo), le corre como gastado del tiempo de prestación por desempleo al que tiene derecho lo cobrado mensualmente hasta ese momento, por más que se retrasara la decisión judicial, cosa que antes no ocurría, dado que mientras durase el litigio se cobraban los salarios de tramitación. Los sindicatos y la oposición política advirtieron rápidamente que esa era una medida pensada para abaratar los costes de despido al empresario, frente al apoyo que la patronal le día desde el principio. La polémica estaba servida, dado que puede haber casos en los que a la empresa, con tal de no pagar los salarios de tramitación, le puede interesar económicamente no admitir al despedido aunque lo haya hecho de forma improcedente, y algunos juristas habían denunciado que podían darse casos de desigualdad entre un despedido y otro.