De cómo se equivocó Aznar

Ahora resulta que los sindicatos, los partidos de la izquierda y los millones de huelguistas del 20-J tenían razón, como se desprende de la marcha atrás del Gobierno en el decretazo, se llegue o no se llegue a un acuerdo total con los líderes sindicales tras la reunión de ayer con el ministro Zaplana. El Gobierno, a la vista de las encuestas desfavorables, está dispuesto a corregir el decretazo en aspectos de una gran importancia, como los salarios de tramitación y los fijos discontinuos, entre otros. Muy bien, ¿y ahora qué hacemos? Unos y otros sabrán, pero lo que queda clarísimo es que el Gobierno se equivocó de medio a medio en el tratamiento de la reforma del desempleo, que no dialogó con las partes interesadas, que incluso negó que existiera la huelga general, que dio luego unas cifras increíbles de participación, que cubrió de improperios al PSOE y a su secretario general por apoyar las movilizaciones y que mantuvo un talante inflexible y nada centrista en el Parlamento y en los medios de comunicación al referirse a todo aquello. A partir de esos hechos es cuando los sondeos electorales, que ya habían empezado a serle menos propicios, comenzaron a registrar caídas muy significativas en la intención de voto hacia el PP, algo que se aceleró después de las vacaciones con la entrada de otros factores como el apoyo incondicional a los planes belicistas del presidente Bush o el grave deterioro de la seguridad ciudadana, junto al ascenso incesante de la popularidad de Rodríguez Zapatero y de la total recuperación de la cohesión interna del PSOE. Todo ello explica la preocupación e incluso los nervios en el seno del Gobierno y su partido, sin omitir las presiones de significativos medios para un adelanto de las elecciones generales. Le critican incluso por el inadecuado tono y por el contenido de sus declaraciones sobre el problema vasco, al margen de las repercusiones electorales de ello. Ya casi nadie duda de que la mala administración de la mayoría absoluta es la explicación de muchas cosas. El vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, aclaró ayer que los cambios que se introduzcan en el decreto ley no tendrán carácter retroactivo y entrarían en vigor desde el momento en que los apruebe el Parlamento para evitar «inseguridad jurídica» en las decisiones de los agentes sociales. señaló que las modificaciones que se introduzcan tendrán efecto a partir de su publicación.