El SCH aumenta su participación en Unión Fenosa hasta llegar al 20,4%

Aunque la entidad no precisó el dinero invertido en esta operación, al precio medio del día de ayer de Unión Fenosa en bolsa, en torno a 9 euros por título, habría pagado cerca de 16 millones de euros. En la última comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre su participación en Unión Fenosa, el banco declaraba poseer un 16,55% del capital de la eléctrica, es decir, 50,44 millones de acciones. De este porcentaje, el 4,6% lo controlaba directamente, y el 11,95% estaba en manos de sociedades participadas por la entidad financiera. Unión Fenosa subió ayer un 2,08% en bolsa, hasta un precio de 9,80 euros por acción, después de que en las dos últimas semanas perdiera más de un 30% de su valor -el miércoles cayó un 10,2%-. Los títulos de la eléctrica han experimentado una continua caída en su precio desde el pasado mes de junio, afectada por la crisis en Latinoamérica, cuando cotizaba a una media de 18,5 euros, y en la actualidad su valor es un 46,09% inferior al de comienzo del ejercicio. Informe erróneo Unión Fenosa estudia exigir responsabilidades al Center for Financial Research and Analysis (CFRA) por un informe con numerosos errores que cuestiona el seguimiento de las normas contables por parte de la empresa. Así lo afirmó ayer el director general Financiero de Unión Fenosa, Juan Antonio Hernández-Rubio, quien indicó que la obligación de la compañía es defender sus intereses y los de sus accionistas. «Si encontramos el modo adecuado de exigir responsabilidades, lo haremos», subrayó. Hernández-Rubio aseguró que CFRA analiza las cuentas de la empresa española desde la perspectiva estadounidense, cuya legislación es más abierta a la posibilidad de que las empresas interpreten las normas contables, mientras que la española es más imperativa y no deja margen a la interpretación. El directivo de Unión Fenosa hizo un exhaustivo comentario de todos los puntos del informe que, a su juicio, cuentan con errores. En primer lugar, destacó el fallo de CFRA -que no se ha puesto en contacto con la compañía para elaborar el documento- en la denominación de la actividad social de la empresa, ya que la considera una eléctrica con intereses en los segmentos de agua y residuos. Tras este punto de partida, el estudio se centra en criticar las salvedades introducidas en las auditorías de los ejercicios de 1999, 2000 y 2001, debido a que la empresa decidió reservar parte de los beneficios obtenidos por la venta de su participación en Airtel en 1999 para provisionar las futuras pérdidas estimadas en Auna, negocio recién adquirido por el grupo en ese momento. La auditora consideró «no adecuado» provisionar pérdidas antes de que se hubiesen producido, pero Hernández-Rubio indicó que la medida se ajustaba a la legalidad. Otro aspecto incluido en el informe es el efecto en el beneficio del fondo de comercio negativo, lo que fue atribuido por Hernández-Rubio a la necesidad de revisar los activos y pasivos de las empresas con deficiencias adquiridas por Unión Fenosa en Colombia, Nicaragua y Moldavia para impulsar procesos de eficiencia. Asimismo, consideró que CFRA no conoce la problemática española, sobre todo en lo que respecta a los Costes de Transición a la Competencia (CTC''s), porque señala en su informe el efecto de la amortización de centrales térmicas que, a su juicio, pone de manifiesto «un error puro y duro de CFRA». Por otro lado, Juan Antonio Hernández-Rubio insinuó la posibilidad de que se hayan producido «maniobras especulativas» en el mercado.