Empresas estratégicas protegidas del acecho de grupos extranjeros
Energéticas, tecnológicas y transportes, cubiertos con el escudo anti-OPA de la pandemia
Trabajadores de una eléctrica haciendo tareas de mantenimiento. JESÚS F. SALVADORES
Hace ahora un año, pocos pensarían que el Estado podría vetar una oferta de una empresa extranjera sobre otra española. O, al menos, que podría hacerlo con una ley en vigor que se lo permitiera, sin usar subterfugios y negociaciones que en otras épocas marcaron algunos de los asaltos —o conatos de asalto— más conocidos en la historia reciente económica de España.
Con los mercados desplomándose (la Bolsa cayó un 40% en apenas un mes), el Ejecutivo aprobó un decreto que le permitía paralizar el desembarco de cualquier compañía ajena a la UE en uno de los negocios nacionales considerados como estratégicos. Y lo podían haber hecho, porque los precios de muchas multinacionales del país estaban a verdadero precio de ganga.
El tiempo pasó. Y el temor a un caballo de Troya sobre algún sector clave para la economía, también. Han tenido que transcurrir nueve meses para que los miembros del Consejo de Ministros ya estén pensando qué posición tomarán ante la OPA parcial que un fondo australiano (IFM) ha lanzado sobre casi el 23% de Naturgy. La eléctrica es «estratégica», como anunció la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Dejaba claro que Moncloa tendrá la última palabra.
Entre las firmas españolas, ya hay posiciones clave de firmas extranjeras tanto en las eléctricas como en la banca, pasando por las aerolíneas y los negocios de telecomunicaciones. Pero hasta ahora no había llegado ninguna oferta de calado para hacerse, como en el caso de la gasista, con casi una cuarta parte de su accionariado.
Es la nueva vuelta de tuerca que el virus ha dado al mercado. Los Estados tienen ahora beneplácito para participar, bien con rescates, bien con vetos, en determinadas actividades. «Los países deben poner en valor sus empresas y protegerlas, ya que no todos juegan con las mismas reglas», explica Diego Pitarch, profesor del Master in International Finance del IEB. «No es una vuelta atrás», matiza. «Pero sí que deben motivar y hacer crecer las empresas nacionales, sin intervención directa, dejándolas operar y tomar sus decisiones». «Que el Estado actúe como hermano mayor no es algo negativo», apunta Pitarch.
Todos los vecinos europeos —también al otro lado del Atlántico, como en EE UU— lo están haciendo. Massimo Cermelli, profesor de Economía de Deusto Business School, aclara que el actual contexto «lo que nos dice es que el sector privado no es capaz de financiarse de por sí sin una sinergia de lo público», afirma. Este experto considera que el paso de la Administración sobre una determinada compañía debe ser «temporal». Y, sobre todo, que se mantenga ajeno a la gestión.
En el radar de fondos y corporaciones extranjeras hay siempre varias compañías españolas. Aunque no están identificadas en el decreto que el Gobierno aprobó en pleno primer estado de alarma, las firmas estratégicas españolas «son las que sirven para defenderte y evitar que te controlen el país», asume Cermelli.
En este selecto grupo ultraprotegido se encuentran todas las del sector energético, las tecnológicas y de telecomunicaciones, infraestructuras y construcción, así como los bancos y el turismo. En el último año, Alemania ha rescatado a su aerolínea de bandera Lufthansa, Italia aprobó en febrero un decreto similar al que después se instauró en España, y Francia acaba de vetar la OPA de un grupo canadiense sobre Carrefour.
«En realidad, el mercado no está respondiendo mal ante estas circunstancias porque no hay nada más solvente que un Estado», explica Joaquín Robles, analista de XTB. T
oda una Administración detrás —total o parcialmente— de una compañía tampoco supone un hándicap para el erario público: si se opone a una operación, se asegura mantener el control de un sector clave en la actividad del país ante posibles contingencias inesperadas, como ha demostrado el coronavirus. Y si entra en el accionariado, obtendría dividendos y hasta mejorará la recaudación. España lo hará en breve en el sector bancario en CaixaBank, a través de su 60% actual en Bankia, nacionalizada en plena crisis de 2012.