Ocho partidos políticos piden devolver la ley de acompañamiento por provocar inseguridad jurídica
Ocho grupos parlamentarios -PSOE, IU, BNG, EA, ERC, ICV, PA y CHA- han pedido en el Congreso la devolución al Gobierno del proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos para el 2003, por la heterogeneidad de las medidas que recoge y la inseguridad jurídica que provoca. La enmienda de totalidad presentada por el grupo socialista subraya que el proyecto de ley modifica 53 leyes, con lo que, una vez más, no es una ley complementaria a los presupuestos sino un texto «de contenido indeterminado e imprevisible» que vulnera la seguridad jurídica. El PSOE denuncia que, con esta ley, el Ejecutivo crea «nada menos que nueve tasas» y que introduce «todas aquellas materias que quiere excluir de los procesos de debate y análisis normales en un estado democrático». Devolución IU insiste también en la inseguridad jurídica e «improvisación legislativa» derivadas de la ley y pide su devolución por el «abuso» que supone recoger en un mismo texto la creación de nuevas tasas y el cambio de los regímenes del Impuesto sobre el Patrimonio y de la Seguridad Social, así como de las leyes del deporte y de la televisión privada, entre muchas otras medidas. La enmienda del BNG coincide en que el Ejecutivo usa la ley de acompañamiento para incorporar innovaciones «de calado» en el ordenamiento jurídico que, por su heterogeneidad y la urgencia con la que ha de ser tramitada, «hacen imposible un debate sosegado y con la amplitud necesaria». El BNG reseña que las reformas tributarias contenidas en el proyecto se centran en el aumento de la imposición indirecta, con lo que se profundiza en un modelo fiscal regresivo, y no se informa del alcance de las mismas. Eusko Alkartasuna (EA) fundamenta su petición de devolución del proyecto en la «inadecuada técnica legislativa», ya que regula «una profusión de materias dispares», y en la ausencia de una memoria económica. La enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) incide en que las medidas fiscales consolidan un sistema regresivo y reitera que la ley «vuelve a utilizarse como mecanismo de reforma del ordenamiento jurídico del Estado», con reformas que tendrían que recibir un tratamiento «diferenciado e independiente».