El Gobierno activará ayudas a empresas y autónomos tras casi un año de agonía

Finalmente el Gobierno ha cedido ante las voces que se sucedían en las últimas semanas entre los empresarios para que otorgue ayudas públicas a los negocios en un inicio de año que ha sido más complejo de lo esperado y que posterga el inicio de la recuperación con más vistas hacia el verano que en este primer trimestre. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha dado el primer paso para reformar las normas con las que podrá aumentar las ayudas directas a autónomos y empresas.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordaba este viernes notificar a la Comisión Europea la extensión del marco nacional aplicable a todas las ayudas que pueden conceder las distintas Administraciones. Es un paso imprescindible, según apuntan fuentes del ministerio, para que la Unión Europea conozca y autorice esta nueva inyección de dinero. Para la puesta en marcha de las ayudas será necesaria la aprobación por parte de la Comisión Europea.

 

Acelerar la autorización

La intención del Gobierno es acelerar "todo lo posible" este proceso de autorización para poder establecer el nuevo marco nacional cuanto antes para proteger un tejido productivo que clamaba por recibir fondos con los que sostener sus negocios. Aunque el Ejecutivo sigue sin aclarar qué tipo de ayudas aprobará, el Ministerio de Economía aclara que trabaja en medidas para "aliviar la carga financiera" de autónomos y empresas, así como para "reforzar la solvencia de negocios viables".

Este nuevo paso llega una vez que la Comisión Europea revisara el pasado 28 de enero el marco comunitario de ayudas de Estado. En ese procedimiento, Bruselas modificó el Marco Temporal de Ayudas permitido por la UE a los Estados miembro: amplió hasta el 31 de diciembre de 2021 la posibilidad de que cada país inyecte dinero en su sector productivo y relajó algunas condiciones para hacerlo. Este nuevo Marco incluye la posibilidad de conversión de las ayudas en forma de anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas. Fuentes gubernamentales aclaran que las ayudas se pueden dar "de muchas formas" y con "diferentes instituciones".

 

Medidas directas de apoyo de las autonomías

Las únicas medidas directas de apoyo habían llegado de la mano de las comunidades autónomas. Pero se trata de planes muy específicos, para sectores determinados y en muchos casos todavía son anuncios que no se han materializado en líneas concretas de normas oficiales.

España se había quedado rezagada del resto de países comunitarios a la hora de aprobar ayudas directas a las empresas. Hasta hace pocas semanas, el Gobierno estimaba que los Erte (con un gasto de 40.000 millones de euros hasta el próximo mes de mayo, cuando expira el sistema actual), así como los avales del ICO (con más de 115.000 millones), las prestaciones por cese de actividad o las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social suponían un escudo suficiente.

 

Recuperación más tardía

Sin embargo, la crisis sigue azotando a la economía más de lo previsto en este inicio de año. La tercera ola del coronavirus ha provocado numerosos cierres de actividad y limitaciones que han supuesto un jarro de agua fría para muchos empresarios. Además, los retrasos en la vacunación, provocado por las fricciones entre la UE y Astrazeneca, también han revelado que el proceso de inmunización no será tan rápido como se creía inicialmente. Incluso el Banco de España advertía esta semana de que la recuperación no comenzará hasta el segundo trimestre de 2021.

Después de casi un año con una crisis que España no conocía desde la Guerra Civil, muchas empresas venían alertando de que no podían aguantar más la presión de una economía medio paralizada. Y miraban a ejemplos como los de Alemania, Italia o Francia, donde sus Gobiernos han ofrecido ayudas directas a muchos sectores de actividad para hacer frente a esta situación.

El último informe del BCE sobre estas actuaciones cuantificaba en un 1,5% el porcentaje de gasto público sobre PIB realizado por España en la crisis, frente a la media del 5% de la zona euro. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que esa cifra se encuentra distorsionada al no incluir los Erte o los ICO, entre otras muchas medidas millonarias desde el pasado mes de marzo.