España, condenada a vivir en deuda

La generación que nació fruto de la burbuja de 2008 está viendo cómo su país le carga cada año de su vida más deuda con la que tendrán que hacer frente el resto de sus vidas. Quienes ahora tienen 13 años o menos no se percatan de esta realidad. Tampoco sus progenitores, porque la realidad es que el Estado incrementa sus compromisos con bancos, inversores y, sobre todo, el Banco Central Europeo (BCE) en forma de deuda. Lo hacen para afrontar los gastos extraordinarios del coronavirus. España debe 1,3 billones de euros, mucho más de la riqueza que produce en un solo año.

Esa factura no ha parado de aumentar en los últimos meses como una lógica respuesta a la pandemia. El problema es que no hay visos de que la administración quiera lidiar con esa deuda. No ya ahora, cuando es necesaria la protección social. Tampoco se abordó en los años de recuperación tras la anterior crisis.

Como ese importe sube como la espuma en todos los Estados de la Unión Europea —también en otras grandes áreas, como Estados Unidos y Japón—, un grupo de economistas y políticos han planteado la posibilidad de que el BCE perdone la deuda que tiene de los países de la zona euro.

Porque buena parte de ese dinero prestado procede de la institución monetaria, que lleva regando ocho años con miles de millones de euros las economías, primero para fomentar la recuperación y ahora para hacer frente al coronavirus. En el caso de España, son más de 385.000 millones de euros, que se deben al BCE.

Entre los firmantes de ese manifiesto se encuentran el economista Thomas Piketty, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Alvarez, o la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Su fórmula consiste en condonar para que cada Gobierno disponga de margen para invertir en la recuperación. La propuesta suena parecida a la que ya hizo el entonces ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, en 2015, cuando insistió en que su país no podía salir adelante sin una quita. Entonces, el político heleno se encontró con las puertas cerradas del propio BCE, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI): los ‘hombres de negro’, la troika.

Las instituciones se han apresurado a descartar esa posibilidad. Y en el fondo subyace la idea de que habrá que convivir con esa ingente masa de deuda durante años, muchos años.

Economistas como Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, ven esa realidad de forma pragmática. «Vamos a vivir en un contexto de muchos años de deuda», afirma. «Y esa es una decisión que tomamos los europeos hace años porque nunca ha sido prioridad de los gobernantes reducir la deuda», puntualiza.

En el subconsciente se encuentran los múltiples llamamientos de todos los gobiernos para tratar de reducir la deuda pública, aunque al final de cada mandato ese importe se había incrementado sin parar. Ahora, con la crisis, más todavía.

Carbó considera que aunque ahora la deuda no es un problema —el BCE ofrece respaldo y los tipos de interés del bono a diez años están en el 0,1%—, en realidad economías como la española «son un velero que les irá en el futuro según les venga el viento» de esos intereses. El precio que paga el Tesoro por esa deuda se encuentra aletargado y, mientras siga así, no hay mayor inconveniente para las finanzas.

«Lo importante, más allá de la deuda, son los gastos financieros y como son mínimos, no hay penalización», sostiene Javier Díaz Giménez, profesor de IESE.

INSOSTENIBLE

¿Qué ocurrirá si algún día comienzan a subir esos intereses que los inversores le exigen a España? «Estaremos muertos», sentencia. Francisco Alcalá, investigador del IVIE y ‘research fellow at CEPR’, apunta que «sería irresponsable cerrar los ojos frente al hecho de que la covid-19 está llevando el endeudamiento de algunos países como España a niveles muy próximos a lo insostenible».

Los expertos consultados apuntan que solo hay dos caminos para reducir deuda: o que la economía crezca y, por tanto, va disminuyendo el porcentaje de la deuda sobre el PIB y se hace más sostenible; o reduciendo el déficit público. El problema, aclara Carbó, es que España «no tiene un modelo para mejorar el PIB ni los políticos tienen ganas de hacer reformas que son imprescindibles».

Aunque la Comisión Europea ya ha advertido de que los fondos de recuperación solo llegarán si el Gobierno aplica los cambios normativos «acordes a la política comunitaria»: laboral y pensiones. Lo que buena parte de los economistas tiene claro es que la austeridad ha pasado página por ahora en el área del euro.