Un juez propone juzgar a Rato por corrupción tras salir en libertad
Le acusa por el origen ilícito de su patrimonio dos semanas después de abandonar la cárcel
Rato hace dos semanas, al abandonar la cárcel. RODRIGO JIMÉNEZ
Sólo dos semanas después de quedar en libertad condicional por la causa de las tartejas ‘black’ de Bankia, tras cumplir de forma efectiva dos años y cuatro meses en la cárcel, el futuro procesal de Rodrigo Rato vuelve a oscurecerse. El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha puesto fin a la instrucción sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio y le atribuye delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y fiscales.
El juez instructor Antonio Serrano-Arnal ha acordado transformar las diligencias previas de la instrucción en procedimiento abreviado, similar al procesamiento, y ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que en un plazo de 20 días presenten sus escrito de acusación o de sobreseimiento.
La decisión del juzgado no es firme, ya que las partes podrán presentar recursos de reforma o de apelación, pero abre la puerta a que Rato vuelva a sentarse en el banquillo en los próximos meses. Además del exvicepresidente del Gobierno, la causa se dirige contra otras 13 personas, dos empresas y un despacho de abogados por la supuesta trama de corrupción organizada por el político para embolsarse algo más de dos millones de euros en comisiones por los contratos publicitarios firmados por Bankia en los ejercicios 2011 y 2012, cuando Rato era su presidente, con las empresas Publicis y Zenith Media, así como la red societaria utilizada por éste para repatriar fondos y ocultarlos al fisco español.
La Fiscalía Anticorrupción presentó en marzo de 2019 un escrito provisional de acusación por estos hechos, en los que solicitaba cuatro años de cárcel y multa de 2,5 millones para el acusado. Ahora, el juez considera acreditado que Bankia contrató servicios de publicidad con las empresas Publicis y Zenith y que éstas, supuestamente, abonaron una comisión de 2,02 millones a la sociedad Albisa Inversiones y Asesoramiento, controlada por otro de los encausados, el empresario Alberto Portuondo, al que supuestamente Rato había colocado como asesor en Bankia.
El magistrado también describe en el auto la operativa supuestamente utilizada por Rato para introducir en España, a través de sociedades en varios países bajo su control, 7,28 millones, de los que algo más de la mitad los considera «de origen desconocido».
«Nos encontramos ante unas importantes cantidades de dinero en sociedades opacas sustentadas por testaferros y radicadas en paraísos fiscales, o que operan a través de ellos, y que ingresan en España bajo la apariencia de negocio lícito», señala el auto.
El juez hace especial hincapié en el papel jugado por la estructura formada por la firma británica Vivaway y la española Kradonara, «expresamente adquirida a tal fin y con el objeto de hacer llegar el dinero de la forma más opaca posible a diversas empresas pertenecientes a Rodrigo Rato». Todo ello supuestamente camuflado «en préstamos o negocios jurídicos simulados».