Los grandes propietarios ganan el pulso a UP en la ley de vivienda
Un año después de comenzar el debate, Iglesias sale sin haber pinchado la burbuja
La negociación de la ley de vivienda ha llegado a su punto más crítico y los grandes propietarios parecen haber doblado el brazo a Unidas Podemos, con la colaboración necesaria de un PSOE que ha ido modulando su discurso en uno de los asuntos que mayor tensión genera entre los socios de Gobierno. Un año después de que regular los alquileres entrara a formar parte del programa de Gobierno de coalición, la sucesión de acontecimientos apunta a que Pablo Iglesias saldrá del Ejecutivo sin haber ‘pinchado la burbuja’.
Cuando el ministro José Luis Ábalos compareció en el Congreso en febrero de 2020 para explicar sus proyectos de legislatura anunció que permitiría por ley a comunidades y ayuntamientos limitar los precios máximos del alquiler en las llamadas zonas tensionadas. Era el acuerdo al que el PSOE había llegado con su socio de Gobierno («poner techo a las subidas abusivas»), aunque por entonces no estaba claro si se haría a través de una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) o de la futura ley de vivienda.
Si hay algo que concite el rechazo unánime en el sector inmobiliario es esa medida y no hay prácticamente economista que no certifique que su aplicación en París y Berlín ha provocado el efecto contrario al pretendido: detraimiento de la oferta y subida de precios, además de un floreciente mercado negro.
Quizá por eso Ábalos recalcaba que sería una medida «coyuntural» y «temporal», pero decía que creía en ella desde la defensa de los derechos sociales que garantiza la Constitución.
«YA SABÍAMOS QUE NOS IBAN A TOREAR»
Aunque el anuncio no era tranquilizador para el sector, en la cúpula de las grandes gestoras inmobiliarias se mostraban convencidos de que el Gobierno no haría efectiva su amenaza, a la vista de los pronunciamientos en contra de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el Banco de España y la Comisión Europea.
La irrupción en marzo de la pandemia de covid-19 dejó el asunto en suspenso y ya en junio, en la presentación del sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) alejaba la posibilidad de aprobar la medida, a la espera de ver cómo evolucionaba el mercado. En septiembre Unidas Podemos ya había constatado que los socialistas no tenían intención de cumplir —«en septiembre ya sabíamos que nos iban a torear», apunta una fuente del partido— y prepararon una ofensiva que culminó con un nuevo compromiso por escrito del PSOE de incluir la regulación de los alquileres en la futura ley de vivienda, a cambio de que los de Iglesias apoyaran los Presupuestos para 2021.
EL PAPEL DE JOAN CLOS
Las grandes patronales inmobiliarias, entretanto, habían reforzado su ‘lobby’ con la elección del exministro socialista y exalcalde de Barcelona Joan Clos como presidente en España de Fiabci —la mayor red internacional del sector— y de Asval —la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler que representa a compañías como Ares, Testa Homes, Albirana Properties (la socimi de alquiler de Blackstone), Tectum, la promotora catalana La llave de oro y Aedas Homes—.
Desde el entorno de Podemos aseguran que Clos ha estado «pegado a Ábalos» para defender los intereses de lo que ellos llaman «fondos buitre».