Díaz vende la contrarreforma laboral como una «gran enmienda» al PP

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, pretende «provocar una auténtica revolución en el mercado de trabajo» con la contrarreforma laboral que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a aprobar antes de que finalice el año y que constará de diez reformas estructurales y siete inversiones que «van a cambiar la faz en el mercado de trabajo».

«Estamos hablando de lo que nunca se ha hecho en nuestro país en el Gobierno de España», aseguró ayer durante la rueda de prensa convocada para presentar el componente 23 del Plan de Recuperación y Resiliencia. Las palabras de Díaz, lejos de entrar a detallar cómo se van a desplegar las medidas, sonaron más a mitin de campaña electoral en un momento en el que podría optar a convertirse en la próxima líder de Unidas Podemos tras la salida de Pablo Iglesias. De hecho, tuvo un recuerdo para el décimo aniversario del movimiento del 15-M.

La ministra de Trabajo incluso dio un paso que no se había atrevido a cruzar en este último año y contestó con un «sí, sin duda», a la pregunta de si se trata entonces de una derogación de la reforma laboral del PP, destacando que será «mucho más ambiciosa». Esta rotundidad de ahora contrasta con la postura que exhibió hace solo un par de semanas, cuando afirmó que no le gustaba la palabra ‘derogar’ y que no se trataría propiamente de una derogación, sino que legislarán con «nuevas leyes». Pero no sólo eso, sino que resaltó que será «una gran enmienda colectiva a lo que se ha hecho en nuestro país hasta los momentos actuales, una enmienda a unas prácticas públicas que no han sido del todo correctas y que han sido disfuncionales», apuntó.

Diaz presumió de que por fin se va a «dejar atrás un modelo caduco para dar futuro y esperanza a nuestras generaciones y a la mayoría social del país» y prometió que lo harán «sin complejos».

Para ello, su gran objetivo es terminar con los dos grandes problemas con que cuenta el mercado de trabajo español y que le hacen «sensiblemente anómalo en el seno de la UE»: el paro y la precariedad.

Yolanda Díaz cargó contra el anterior Gobierno del PP y aseguró que la vía para terminar con estos «males» no será en ningún caso «apretarse el cinturón». «Creemos que ha llegado el momento de devolver los derechos que han sido arrebatados a personas que se han sacrificado y sufrido tanto en la crisis financiera y en la actual», afirmó.

Pero más allá de estas promesas sobre un futuro con empleo estable y sueldos dignos para todos, jóvenes incluidos, la ministra no quiso profundizar en cómo se desplegarán las medidas anunciadas en esta reforma laboral. Así, admitió que aún no está cuantificado de cuánto va a ser el fondo que se va crear para pagar los erte y convertirlos en un mecanismo permanente de ajuste interno y que tendrán que financiar las empresas, los trabajadores y el Estado. Pero no se hará mediante una subida de las cotizaciones, según pudo confirmar este periódico. En este sentido, Díaz destacó que los empleados ya están aportando ese 30% de reducción de salario que tienen por estar en erte.

Mismas indemnizaciones

Tampoco fue mucho más explícita en lo que concierne a la simplificación de contratos, aunque dejó caer que utilizarán la fórmula de los contratos fijos discontinuos para dar estabilidad a actividades estacionales como el turismo o la agricultura. Trabajo planea a su vez limitar las bonificaciones a los contratos estables y solo para determinados colectivos, los más necesitados, como mujeres, jóvenes mayores... por lo que pondrá fin a los incentivos a las conversiones de contratos temporales a fijos.

Por el contrario, no entra en sus planes revisar las cuantías en las indemnizaciones por despido, al menos en esta primera fase que, sí o sí, ha de publicarse en el BOE antes de que finalice 2021 «porque nos jugamos el país».

«Los plazos no se discuten, porque los fondos dependen de estas transformaciones del país», aseguró la vicepresidenta, que dejó claro que este plazo «se tiene que cumplir».

Aprobar la ‘ley rider’

Más de dos meses después de que llegara a un acuerdo con los agentes sociales, el Gobierno por fin aprobará este martes la ley que regula el trabajo de los repartidores a domicilio y los convierte en asalariados, según avanzó ayer Yolanda Díaz. La negociación de esta ley, la primera en Europa, tardó seis meses en dar sus frutos, casi el mismo plazo que tendrán ahora el Ejecutivo y los interlocutores sociales para cerrar la contrarreforma laboral antes de final de año.