El PSOE aumenta la presión sobre los ERE de la banca
El grupo socialista exige un compromiso para minimizar el impacto de la reestructuración
El Grupo Parlamentario Socialista ‘aprieta’ un poco más la olla a presión en la que se ha convertido el proceso de reestructuración bancaria en España, con miles de despidos y cierres de sucursales previstos para este año. El Grupo ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para exigir al Gobierno «que impulse la asunción por parte del sector financiero de una serie de compromisos que limiten el impacto negativo en la sociedad» de este proceso.
El documento, fechado el 13 de mayo y firmado por los diputados Esther Peña Camarero, Guillermo Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, señala que las entidades también deben comprometerse con la formación de sus empleados y las recolocaciones. Pero no sólo se refieren a medidas para limitar los despidos. También exigen a los bancos que adopten planes para evitar la exclusión financiera en este proceso de ajuste, además de incorporar variables como las condiciones de las plantillas o la calidad del servicio a la hora de calcular las propuestas de retribución variable de los directivos.
El salto de esta iniciativa al Congreso supone un paso más en la creciente tensión desde que a mediados de abril CaixaBank y BBVA anunciasen sus respectivos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que, según las propuestas iniciales, implicaban la salida de más de 12.000 trabajadores (8.291 en el caso de CaixaBank y otros 3.798 en BBVA).
De hecho, y pese a no citar en su parte propositiva los recortes en CaixaBank, el PSOE sí señala en la exposición de motivos que los sindicatos consideran que, más allá de evitar duplicidades y solapamientos, el objetivo último de la entidad es «enjugar unas pérdidas motivadas por la pandemia a costa de la reducción de plantilla y de renegociar unas condiciones laborales a la baja, incluidos recortes en los salarios y en las prestaciones». El propio Ejecutivo se ha mostrado muy crítico con las medidas adoptadas por el sector. Incluso el Ministerio de Trabajo remitió una carta a ambas entidades para transmitirles la necesidad de rebajar el número de afectados.