La UE pide aclaraciones a España sobre el plan de recuperación

La Comisión Europea ha pedido aclaraciones adicionales a España sobre su plan de inversiones y reformas, enviado a Bruselas el pasado 30 de abril, en el que se incluían todas las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo el Ejecutivo en materia laboral, tributaria o de pensiones, entre otras muchas, para poder recibir los fondos europeos para la recuperación. La misiva, según han explicado ayer fuentes del Ministerio de Economía, se centraría en «aspectos técnicos» que no afectarían a «la sustancia» del plan. «No hablamos de cambios sino de aclaraciones», subrayan.

España no sería el único país que ha recibido una carta similar por parte de los técnicos de la Comisión, que están evaluando la veintena de planes nacionales presentados con intención de emitir en la segunda quincena de junio los primeros informes de validación. Bruselas cuenta con dos meses de plazo para realizar ese análisis, al que se añade un mes más (susceptible de reducirse) para que los ministros de economía de los Veintisiete (Ecofin) den el visto bueno final.

La carta enviada al Ministerio de Economía, cuyo contenido exacto no ha sido desvelado por la Comisión Europea al considerar que forma parte del proceso normal de estudio del plan, formaría parte de «la interacción» que durante meses han tenido Bruselas y Madrid para ajustar las inversiones y las reformas de España a los requisitos que se exigen para poder acceder a las ayudas europeas, en torno a 140.000 millones de euros, en el caso de España, de un total que rebasa los 750.000 entre subsidios y préstamos a bajo interés.

El proyecto tramitado por España que obra en poder de la Comisión hace referencia exclusivamente a la obtención de las ayudas directas (en torno a 69.500 millones de euros). «Hemos recibido más cartas de este tipo. Se nos remite a (precisiones) de temas técnicos. No hay temas de fondo, sino asuntos técnicos, relacionados con algunos de los miles de datos que se dan dentro del plan», insisten desde el Ministerio que dirige Nadia Calviño, sin precisar más detalles. Ni siquiera el del plazo que se ha dado al país para responder a la comunicación.

Bruselas viene insistiendo desde hace semanas en que no aportará información sobre el proceso de evaluación que está llevando a cabo; que solo dará a conocer el resultado final de un complejo análisis cuando considere que este ha concluido. El reglamento que establece el procedimiento de supervisión establece que son los comisarios los que tienen que realizar la evaluación de todas y cada una de las medidas que figuran en los planes de recuperación. Esta misma semana, el Ejecutivo comunitario rechazaba la pretensión de un sector de la Eurocámara (populares y liberales) de tener un mayor control de este proceso.

Sin embargo, en un encuentro con la prensa, el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, se ha pronunciado sobre la misiva y ha asegurado que «es crítica» con el plan español y sí que entra en determinadas reformas e inversiones. De hecho, ha pedido a la Comisión que en sus evaluaciones de los planes consiga que España y el resto de países «hagan sus deberes» a pesar de la «presión política» a la que va a ser sometida durante estas semanas.

El Gobierno sabía que Bruselas no activará las transferencias hasta que analice detenidamente unos compromisos que envió a principios de mes. Algunas propuestas son duras de digerir para una población exhausta tras la pandemia. Por eso, una buena parte de las reformas, que en algunos casos supondrá apretarse el cinturón, no llegarán hasta bien entrado 2022, buena parte de 2023 e incluso 2024. Con este calendario, el Ejecutivo traspasa incluso la línea de la actual legislatura (termina, como muy tarde, en 2023) en una agenda plagada de programas para cambiarle la piel a la economía con un sistema más social, ecológico, inclusivo y productivo, según el texto.