Ribera: la subida de la luz sería peor si no hubieran salido las plantas de carbón

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que le preocupa la subida del precio de la luz, pero aún más cuando se imagina la factura que había que haber pagado si no se hubiera dado salida a las plantas de carbón, o la sanción que puede sufrir España si se amplía el límite de emisiones exento de pagar el impuesto de matriculación.

Ribera, en respuesta al senador del PP Juan Manuel Juncal en el pleno del Senado, ha recordado este martes que el Gobierno del PP se empeñó en mantener abiertas e, incluso, prohibir el cierre de las plantas de generación eléctrica "más caras y menos limpias".

También ha alertado del coste que puede tener para España, en forma de sanción por parte de la Unión Europea (UE), el "regalo fiscal" que el PP y otros grupos en el Congreso -que aprobaron una enmienda para elevar el umbral de emisiones exento de pagar el impuesto de matriculación- pretenden hacer a automóviles que emiten un 50 % del máximo de emisiones admitido por la UE.

Ribera ha recordado que, en España, el Gobierno "no fija por decreto el precio de la luz", pues el sector eléctrico, aunque regulado, está liberalizado y ha afirmado que, con el modelo energético del PP, "íbamos al colapso".

Ha recordado que, desde que el PSOE llegó al Gobierno, ha eliminado "impuestos tan sorprendentes", como el conocido como impuesto al sol, que penalizaba el autoconsumo, y ha reducido la litigiosidad de "esa especie de espiral, de pesadilla" de arbitrajes internacionales en que el Gobierno del PP metió al país por el cambio del régimen retributivo a las renovables.

También ha señalado que el Gobierno no fija el precio de materias primas internacionales como el del gas utilizado en la generación eléctrica ni el de los derechos de emisiones de dióxido de carbono (CO2), que pagan las centrales que generan emisiones.

Asimismo, ha defendido el debate que ha abierto el Gobierno para minorar el beneficio que obtienen las centrales eléctricas que no consumen derechos de CO2 y que cobran el mismo precio por la electricidad que las que sí emiten y los tienen que pagar.

Ha apuntado que sólo un 9 % de la electricidad que se genera en España consume gas natural y derechos de CO2, pero al final, estas tecnologías más caras fijan el precio final, lo que proporciona una rentabilidad muy alta a las centrales no emisoras, por lo que hay que trabajar en un esquema en que parte de esa rentabilidad "pueda ser disfrutada por el conjunto de los consumidores".

Además, le ha dicho al senador del PP que le sorprende que critique esa medida cuando hace diez días su grupo en el Congreso instó al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses un proyecto de ley de minoración de los "beneficios caídos del cielo" en el sector eléctrico.

La ministra ha indicado también, en respuesta a una pregunta del senador de Ciudadanos Miguel Sánchez, que el Gobierno ha puesto en marcha más de 50 medidas para reducir el coste de generar energía, si bien hay dos variables que no dependen del Ejecutivo, el precio del gas en los mercados internacionales y el del CO2, mientras que en el caso de la electricidad ha remitido de nuevo al análisis que se está haciendo.

 

La CNMC vigila el impacto de las nuevas tarifas

En cuanto al impacto del nuevo sistema de tarificación eléctrica, con tres tramos con precios diferenciados, ha recordado que ayer pidió a la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, que, aunque ya lo haga de oficio, siga el impacto de la aplicación de la nueva estructura tarifaria en los consumos domésticos, industriales y, sobre todo, en las pymes.

Ha explicado que también le pidió a la presidenta de la CNMC que velara "por cualquier eventual consideración de consumos cautivos en los tramos horarios punta" por si hubiera algo que, aunque en la modelización que hizo la CNMC no generara problemas, en la aplicación en un momento de precios altos como los que hay ahora, "y que previsiblemente vamos a seguir teniendo", generara "distorsiones injustas" para los consumidores.