Funcionarios que temen un recorte en sus derechos

Lo que sí se está produciendo es una sangría de prejubilaciones entre funcionarios. En este caso, la decisión del ministro José Luis Escrivá de traspasar en plena pandemia la gestión de las pensiones de las clases pasivas a la Seguridad Social (hasta ahora dependía de Hacienda) sí generó una «gran incertidumbre» en este colectivo, ante el temor de ver recortados sus derechos de pensión, lo que provocó una desbandada, tal y como denuncia Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de Csif, que advierte de que seguirán «vigilantes porque el Gobierno no nos da certezas».

Así, entre los meses de junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años entre los funcionarios de clases pasivas, lo que supone un 26,2% más que en el mismo periodo de 2019, tal y como reconoció el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria al PP.

La mayoría de las prejubilaciones, casi ocho de cada diez, se registraron en el sector educativo, algo que se repite en los ejercicios precedentes debido además a que lo hacen habitualmente en muy buenas condiciones.

Llama la atención que el número de altas en la Seguridad Social a los 60 en el Ministerio de Justicia se ha duplicado en este periodo, al pasar de 133 en 2019 a 263 en 2020, algo que se replica entre los guardias civiles, aunque su número se reduce a apenas nueve.

Los funcionarios que pertenecen a este régimen de clases pasivas (que no son todos y que está en vías de extinción) gozan de una serie de privilegios, como el poder jubilarse a los 60 años.

Desde 2011 los nuevos empleados públicos cotizan por el Régimen General, pero en la actualidad cerca de 670.000 pensionistas pertenecen a este grupo, principalmente profesores, militares o funcionarios de la Administración General del Estado o de la de Justicia.