Multa a las grandes constructoras por amañar licitaciones de Fomento
La comisión prohíbe contratar con la Administración pública a las empresas sancionadas
Imagen de una construcción en proceso. JESÚS F. SALVADORES
Quedaban para tomar café y se repartían la adjudicación de contratos de Fomento. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denunció las malas prácticas detectadas entre 12 constructoras españolas a las que impuso una multa de 61,28 millones de euros por una infracción constitutiva de cártel.
En concreto, acusó a estas compañías, entre las que se incluyen gigantes del sector, de alterar el resultado de las licitaciones para la conservación y explotación de carreteras del ministerio desde 2014 hasta 2018, aunque se detectaron conversaciones desde 2009.
Las empresas sancionadas son Acciona Mantenimiento (y su matriz Acciona), Aceinsa, Alvac, API Movilidad (ACS), Audeca (Elecnor), Copasa, Elsamex, Elsan (OHL), Ferroser (Ferrovial), Innovia (Copcisa), Matinsa (FCC), y Sacyr Conservación (Sacyr). La madrileña Aceinsa vio su multa reducida en un 50% al aportar pruebas de lo sucedido a la investigación que reflejó cómo, bajo un complejo sistema, estas empresas se adjudicaron 71 contratos de un total de 101 por valor de 530 millones de euros. Es decir, coparon el 63% del importe adjudicado por el ministerio, dando cuenta del impacto del cártel en el sistema.
En un contundente comunicado, la CNMC detalló la fórmula que empleaban para llevar a cabo el ‘amaño’. Según explicó el organismo, las constructoras quedaban de forma periódica «para tomar café» y, en esas reuniones, pactaban una ‘cesta’ en la que mezclaban ofertas ganadoras con otras de cobertura que permitieran transmitir la sensación de una competencia sana y limpia a la hora de acceder a las licitaciones. Pero el ganador de los contratos siempre estaba dentro de este grupo.
El mecanismo era, según explicó la CNMC, bastante complejo. Las empresas dividían en grupos esos contratos de Fomento acordando criterios comunes en la presentación de ofertas económicas para cada uno de ellos.
Después, se asignaba una «bolsa» de puntos para cada compañía y para cada grupo de licitaciones y esta se iba consumiendo en función del nivel de descuentos que se ofrecían sobre el presupuesto inicial de contratación.
«Cuanto mayores fueran las bajas (descuentos) que presentasen en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos», apuntó la CNMC.
Con este sistema y calculadora en mano, las constructoras lograban limitar el número de contratos en los que cada una podría presentar fuertes descuentos.
Competencia dejó claro que esta fórmula incentivaba a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones públicas, «presentándose en las restantes ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura». Al mismo tiempo, en esas reuniones se acordaba el umbral de descuentos para las mencionadas ofertas de cobertura.
Y se pactaba un compromiso para presentarlas en todas las licitaciones de cada grupo. Así, podían conseguir que ofertas de empresas ajenas al cártel realmente competitivas fueran excluidas del proceso de contratación.