El Gobierno admite que la luz subirá un 25% pero no regulará los precios

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que los hogares acogidos a la tarifa regulada (PVPC, precio voluntario al pequeño consumidor) pagarán este año, en promedio, un 25% más en el recibo de la luz (644 euros anuales frente a los 512 del año pasado), pero descarta fijar precios máximos, como pide su socio de coalición, Unidas Podemos, escudándose en que lo impide la normativa comunitaria.

La subida en 2021 del recibo de la luz si se compara con 2019, antes de la pandemia, sería del 14,6% según Ribera, que intentó quitar hierro a la alarma social señalando que las alzas en el mercado mayorista (el precio es tres veces más alto que un año antes) no se trasladan en la misma medida al recibo doméstico.

Ribera compareció en la comisión del Congreso para dar explicaciones de por qué el precio de la luz sube sin control y anunciar las medidas que prepara el Gobierno. Entre ellas, admitió la necesidad de revisar la fiscalidad de la energía para contener la factura de la luz, que es uno de los tres componentes que determinan el recibo, junto con el coste de la energía y los peajes.

De momento, las únicas medidas fiscales adoptadas por el Ejecutivo han sido rebajar el IVA de la luz del 21% al 10% hasta finales de este año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios (kW), y siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros/ MWh, y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses.

Además, la ministra defendió una nueva regulación del desembalse de los pantanos, tras culpar a las hidroeléctricas de las fuertes subidas en el mercado mayorista, por aprovecharse del momento de manera especulativa.

Y lanzó una velada advertencia: la escasa empatía social de esas eléctricas les penalizará en Bolsa.

Ribera volvió a escudarse en que el sistema de formación de precios en el mercado mayorista viene fijado por la legislación comunitaria y recalcó que el Gobierno «jamás va a adoptar medidas que sean frontalmente contrarias al marco comunitario» porque eso «acaba convirtiéndose en multas y daña la credibilidad del país». «Debemos respetar el marco del derecho comunitario y constitucional, lo contrario sería enormemente arriesgado por atractivo que parezca en el corto plazo», dijo.

Unidas Podemos, el socio de coalición del PSOE, ha propuesto abaratar la factura de la luz limitando el precio de la energía nuclear y de la hidroeléctrica mediante decreto ley. La vicepresidenta tercera tan sólo señaló que el Gobierno «dará la batalla» en Europa para que cambie el diseño de mercado de forma que los consumidores se puedan beneficiar de los costes bajos de las energías renovables.

Entre las medidas que sí puede aprobar el Ejecutivo, según Ribera, se encuentra la revisión de la fiscalidad, una mayor interconexión energética con los países vecinos, la minoración de los beneficios de las empresas después de la formación del precio, el fomento de la contratación a largo plazo y del autoconsumo. Recordó que las dos normas en tramitación (la creación del fondo nacional de sostenibilidad del sistema eléctrico y la devolución al consumidor de los derechos de CO2 no emitidos) permitirán una reducción del 15% de la factura de la luz. Y reiteró el compromiso del Gobierno para cambiar la tarifa regulada reduciendo su dependencia del mercado mayorista para que sea menos volátil, como piden las organizaciones de consumidores, pero insistió en que habrá que pagar más por esa prima de seguridad.

Ante la alarma social generada por la subida del precio de la luz, el Congreso, el Gobierno creará una comisión de estudio del sistema eléctrico.