El Gobierno prepara un plan de choque que alivie el recibo eléctrico tras las subidas
Ribera modificará la tarifa regulada y exigirá a las grandes empresas que vendan por subasta energía a pequeñas comercializadoras
La vicepresidenta Teresa Ribera rechaza crear una empresa pública energética como pide UP. JUAN CARLOS HIDALGO
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, avanzó que su departamento está trabajando en un paquete de medidas nuevas para limitar la subida de luz, que no parece tener fin y ayer alcanzó los 132,6 euros por megavatio/hora, después del fin de semana con costes más altos de la historia.
En concreto, Ribera quiere fortalecer la cobertura a consumidores vulnerables, esto es, modificar el bono social en vigor por el que se aplica un descuento generalizado del 25% en la parte del consumo a determinados colectivos, y al que están acogidos 1,3 millones de horas. También quiere crear mecanismos alternativos para que las empresas generadores con un peso importante en el sector deban vender la energía a pequeñas comercializadoras o industriales a un precio que se fije por subasta.
Además apuntó que se incidirá en medidas para que la mala práctica en las concesiones hidroeléctricas no se vuelva en contra de los consumidores o sea percibido como amenaza.
«El mensaje más importante es que queremos hacer las cosas bien y buscar otros modos para fijar el precio de la luz al margen del mercado mayorista», aseguró la ministra tras recalcar que desde el Gobierno se está incidiendo en el impulso de las energías renovables para este objetivo.
En opinión de la vicepresidenta, este verano se ha creado cierta «alarma» que desvirtúa la imagen de lo que se ha hecho para atajar esta problemática. Frente a esto, Ribera defiende que se ha trabajado sobre el mercado regulado, pero también en un conjunto de medidas para abaratar la factura de la luz, como la suspensión y reducción de impuestos.
En concreto, en junio el Gobierno aprobó la bajada del IVA de la luz del 21% al 10% hasta finales de este año y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses.
En referencia al compromiso anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que cuando acabe 2021 los españoles verán que habrán pagado de luz lo mismo que en 2018, Ribera especificó que se toma esa fecha como referencia porque «es el año que se llegó al Gobierno».
Sobre las discrepancias con sus socios de Gobierno, la ministra considera que el principal punto de fricción es que Unidas Podemos «propone cosas que son incompatibles con el Derecho europeo». «Es muy simplista decir que no estamos haciendo nada», criticó la vicepresidenta tras insistir en la importancia de respetar el marco jurídico comunitario y constitucional.
En el caso de las nucleares, Ribera les recordó a sus socios que Europa permite que nucleares e hidroeléctricas fijen su precio a través de mecanismos de mercado, no por imposición del Gobierno. La intención del Ejecutivo es que se haga por subasta. «Es contradictorio exigir al Gobierno que se invente medidas y las adopte de un día para otro sin tener en cuenta las limitaciones jurídicas, porque acabaríamos encontrándonos con una condena y una obligación de devolución que no es beneficiosa para nadie», remarcó.
Discrepancias con el socio
Ante la llamada de sus socios de Gobierno a manifestarse contra ese incremento del precio de la luz, la ministra apuntó que Unidas Podemos ha trasladado su preocupación por este asunto y sus propuestas de manera «activista» y les ha pedido una lectura «más sosegada» de cuáles son los límites jurídicos de lo que se puede proponer.
Con lo que tampoco está de acuerdo de momento el PSOE es con la creación de una empresa energética pública como propone Podemos para implementar una rebaja en la factura de la luz y trabajar de forma coordinada con las empresas públicas municipales ya creadas o que se puedan crear en el futuro.