Calviño anticipa cambios en la nueva prórroga de los Erte

Gobierno y agentes sociales comenzarán a negociar la nueva prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) este próximo jueves, cuando quedarán quince días para que expire la actual. Ambas partes coinciden en la necesidad de ampliar estas ayudas cuando aún hay unos 260.000 trabajadores con el empleo suspendido pero difieren en cómo hacerlo.

En este sentido, si los sindicatos han exigido que se renueven "de oficio", es decir, con las mismas condiciones que ahora hasta diciembre, el Ejecutivo, como en cada negociación, descarta mantenerlos invariables y anticipa cambios.

Así lo avanzó este lunes la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

"Vamos a ver cómo continuar con este sistema pero adaptándolo a la realidad", apuntó. En este sentido, la también ministra de Asuntos Económicos dejó entrever que estas ayudas podrían rebajarse, sobre todo para aquellos trabajadores que se mantengan en Erte. "Las empresas ya están saliendo adelante, la economía se está recuperando muy fuerte y tenemos que asegurarnos de que se reactivan los trabajadores para asegurar esta recuperación que está siendo muy fuerte", precisó.

Además, Calviño apostó por pactar unos Erte "de transición" hasta final de año para que a comienzos de 2021 entre ya en vigor el nuevo sistema permanente que han comprometido con Bruselas. "Efectivamente tenemos que ver cómo hacemos la transición en estos últimos meses del año entre el modelo actual y ya el sistema permanente que espero podamos acordar con los agentes sociales para el futuro", señaló. Refrenda así las declaraciones que hizo el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre este tema: "Buscaremos la mejor solución de transición hacia adelante con los agentes sociales".

De las palabras de ambos puede deducirse que el Ejecutivo pretende concentrar los recursos en los trabajadores que se reactivan, para tratar de reducir al mínimo este número, e ir reduciendo las exoneraciones para aquellos que se mantienen en Erte, entre otras cosas porque posiblemente una buena parte de esos 150.000 que están inactivos a tiempo completo puede ser que no vuelvan a sus puestos.

Este esquema de premiar más la reincorporación ha sido una prioridad para el ministro de Seguridad Social, que siempre lo ha defendido a capa y espada pese al rechazo mostrado tanto por la patronal como por los sindicatos. Y ese fue precisamente el gran escollo en la última negociación y podría repetirse en esta, además cuando los ánimos están bastante caldeados debido al debate creado sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Complicada negociación A este respecto, la vicepresidenta primera dio a entender que dan ya por hecho que no lograrán el acuerdo con los agentes sociales, puesto que apuntó que confía en que "en breve podamos lanzar la consulta formal a los agentes sociales para acordar la subida en 2021 y ver cómo seguimos la senda en 2022 y 2023", el trámite que ha de hacer el Gobierno antes de su aprobación. Es más, asumió que tomen la decisión que tomen, no les gustará. "Yo entiendo que aprobemos lo que aprobemos, imagino que los sindicatos dirán que nos hubiera gustado más y los empresarios dirán que no era el momento", explicó. Eso sí, hizo hincapié en que "como Gobierno responsable tenemos que tomar la decisiones que nos parezca, siempre intentando contar con el máximo apoyo".

Desde el Ministerio de Trabajo, sin embargo, no dan la batalla por perdida y aseguran que siguen negociando y confían aún en alcanzar un pacto.