El sistema de pensiones suspende en sostenibilidad y se sitúa a la cola mundial

La sostenibilidad del sistema público español está en entredicho. A día de hoy es una evidencia que sus cuentas están en fuerte desequilibrio, puesto que año a año desde 2012 la Seguridad Social sigue engordando su déficit y acumula una deuda de casi 100.000 millones de euros. Por eso es tan necesaria una reforma del sistema, en la que sigue trabajando el Gobierno con los sindicatos y la patronal.

De no tomarse medidas, esta sostenibilidad irá a peor, ya que cada vez habrá más pensionistas, con mayor esperanza de vida y con unas prestaciones más generosas, ahora además ligadas por ley al IPC, lo que incrementará significativamente un gasto ya de por sí disparado. De hecho, revalorizar las prestaciones el año que viene con la inflación tendrá un coste de unos 3.700 millones, gasto que se irá acumulando y creciendo exponencialmente, según un reciente informe del Instituto Santa Lucía.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha afanado desde que llegó a su cargo hace ya más de año y medio en proclamar a los cuatro vientos que el sistema público de pensiones es «bastante sostenible» y que solo necesita unos «pocos ajustes».

Sin embargo, mucho tienen que cambiar las cosas, porque España se sitúa a la cola de los países desarrollados en la sostenibilidad económica de su sistema de pensiones, es decir, en su capacidad de financiación y suficiencia de recursos para generaciones futuras. Así lo indica la última edición del Indice Global de Pensiones Mercer CFA Institute, que evalúa las fortalezas y debilidades de 43 sistemas de pensiones de todo el mundo.

España suspende estrepitosamente, con una nota muy lejos del aprobado, de apenas 28,1 puntos sobre 100. Solo cuatro países de los 43 analizados sacan peor calificación: Italia, Brasil, Austria y Argentina. Por el contrario, a la cabeza en tener un sistema económicamente equilibrado están Dinamarca, Islandia y los Países Bajos, todos con una puntuación superior a 80.

Así pues, una de las grandes asignaturas pendientes de España es alcanzar este equilibrio presupuestario en pensiones. Para Escrivá, el mecanismo más potente para reforzar la sostenibilidad del sistema son todos los incentivos voluntarios para que la edad efectiva de jubilación se aproxime a la edad legal.

Sin embargo, la primera fase de la reforma que está pendiente de ratificarse en el Congreso contempla una serie de medidas para ello, como penalizaciones a la jubilación anticipada y premios a la demorada, que, sin embargo, no supondrán ningún ahorro en las arcas de la Seguridad Social, según consta en la memoria económica del proyecto de ley.

Al contrario, podría suponer otro extra si los trabajadores decidieran retrasar unos meses su jubilación, al contar con un incentivo mayor. Sí contribuirá a reducir el déficit del sistema el que los gastos impropios se paguen vía impuestos, pero esto en realidad lo que hace es trasladar el problema a otra parte.

Para tratar de tener un colchón para las próximas décadas, cuando comenzará a jubilarse masivamente la generación del ‘baby boom’, Escrivá ha diseñado un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que sustituye al derogado factor de sostenibilidad y que implica una subida de cotizaciones de 0,5 puntos de 2023 a 2032, aunque aún está pendiente de negociarse.