El Gobierno rebaja a 1.000 millones los avales por la telefonía UMTS

El Gobierno ya anunció que iba a flexibilizar los avales de otros concursos de servicios de telecomunicaciones, como los de las compañías de acceso vía radio (LMDS) y del cable. En cualquier caso, el Ejecutivo exigirá a las compañías que mantengan su compromiso inversor con este proyecto tecnológico, cuya entrada en servicio prevé para principios del año 2004. Entre los principales compromisos asumidos por las operadoras para obtener la licencia, cabe destacar una cifra de inversión de entre 6.611 y 7.813 millones de euros en un plazo de 10 años; la creación de 8.000 puestos de trabajo directos y entre 20.000 y 45.000 puestos indirectos; alcanzar un resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo a partir de 2005, y tener una cobertura del 95% del territorio nacional en los dos primeros años. Precisamente, la pasada semana el titular de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, manifestó que la Administración será flexible con las concesionarias de licencias de los concursos abiertos en el proceso de liberalización del sector, siempre que se mantenga la apuesta inversora. Así, recordó que los compromisos financieros exigidos a las concesionarias se elevan a 7.000 millones de euros y comentó que esta «carga financiera espectacular se va a reducir drásticamente». «Se suavizarán enormemente las condiciones financieras de los proyectos empresariales para que puedan sobrevivir, pero se les pedirá el mantenimiento de un esfuerzo inversor y de la apuesta tecnológica para no equivocarnos en el medio plazo», dijo entonces el ministro. Las operadoras han pedido en reiteradas ocasiones a la Administración que realizara una reinterpretación flexible de los compromisos adquiridos con la licencia UMTS y que eliminara los avales que pesan sobre las operadoras, que limitan su capacidad de endeudamiento y constituyen un lastre para los proyectos de inversión. Entre las peticiones de las operadoras también figura que se facilite la compartición de infraestructuras, al considerar que la existencia de cuatro redes, con 9.000 estaciones base cada una, como se contemplaba en el concurso, no es viable comercial, económica, ni socialmente, y que se rebaje la tasa por el uso del espectro radioeléctrico. Asimismo, piden que la duración de la licencia, que tiene un plazo de vigencia de 20 años, cuente a partir del momento en que entre en servicio. Inicialmente, la Administración había previsto que la telefonía móvil de tercera generación arrancara en agosto de 2001, aunque posteriormente, y ante el evidente retraso en su implantación, la anterior titular de Ciencia y Tecnología lo pospuso hasta junio de este año. Hasta esa fecha, las compañías sólo han podido desplegar una pequeña parte de la red.